Proponen que el Servicio Penitenciario asuma las guardias en las comisarías

La sobrecarga en las comisarías como espacios de alojamiento prolongado de personas detenidas volvió a quedar en el centro del debate en Misiones. Un proyecto de comunicación presentado en la Cámara de Representantes la última semana propone que el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) asuma de manera progresiva las tareas de custodia y control de detenidos que actualmente permanecen en dependencias policiales.

La iniciativa plantea que el Poder Ejecutivo evalúe y disponga “los mecanismos de articulación, coordinación y cooperación necesarios” para que el SPP tome a su cargo esas funciones, que actualmente recaen en la Jefatura de la Policía. Ello, según argumentaron desde el bloque PAYS que lo presentó, con el objetivo de “fortalecer la seguridad pública, prevenir evasiones y optimizar el uso de los recursos humanos del sistema de seguridad”.

El documento no se presentó de manera accidental. Ocurre que, hace poco más de un mes, Posadas registró la fuga de cuatro hombres de la División Resguardo de Detenidos Unidad Regional X, de los cuales dos siguen siendo intensamente buscados.

Éste reciente episodio habría revelado un plan previo de escape pero, además, posible negligencia policial, tal como se asoma en la instrucción -cuyos detalles pudo conocer El Territorio mediante fuentes judiciales-.

A la problemática de las guardias y el resguardo de las personas privadas de su libertad, se suma el estado actual de estos edificios. Principalmente, considerando la magnitud de la población que hoy está alojada en comisarías.

En 2025 se registraron 1.140 detenidos en estas dependencias, mientras que hubo 1.820 personas en cárceles, según un Informe Anual de la Comisión de Buenas Prácticas en Contextos de Encierro. Esto demostró que, del universo de la población que está privada de su libertad, cuatro de cada diez están en comisarías, sitios que no están pensados ni aptos para una estancia prolongada.

Apuntan “sobrecarga operativa”

En los fundamentos, el proyecto advierte que las comisarías cumplen un rol central en la prevención del delito, el patrullaje y la investigación criminal, pero que en la práctica se ven obligadas a sostener la guarda de personas privadas de la libertad durante períodos prolongados. Esa situación, se señala, “puede generar sobrecarga operativa y limitar la disponibilidad del personal policial para el cumplimiento de sus funciones específicas”.

Desde esa perspectiva, el texto sostiene que el Servicio Penitenciario cuenta con una estructura y una formación específica para la custodia de detenidos, por lo que una articulación progresiva con la Policía podría mejorar las condiciones de seguridad y reducir los riesgos de fuga. “Promover una articulación progresiva entre la Policía de la Provincia y el Servicio Penitenciario podría contribuir a mejorar las condiciones de seguridad, reducir riesgos de evasión y optimizar el empleo de los recursos humanos disponibles”, apunta el bloque en el documento.

La propuesta no plantea un traspaso inmediato ni automático, sino un proceso gradual que permita reorganizar responsabilidades dentro del sistema de seguridad. El eje está puesto en que cada fuerza cumpla el rol para el que fue concebida: el SPP, la custodia de personas detenidas; la Policía, la prevención y la seguridad ciudadana.

“Fortalecer la custodia de detenidos y permitir que el personal policial concentre sus esfuerzos en tareas de prevención y seguridad ciudadana constituye una medida orientada a mejorar la respuesta del Estado ante las demandas de la sociedad”, remarca el proyecto.

Desde el Ministerio de Gobierno o del Servicio Penitenciario no han respondido públicamente al proyecto de comunicación, ya que radica en una agenda compleja de trabajo y articulación entre organismos, personal y recursos.

Piden informes por fugas

En paralelo, otro proyecto de comunicación del Pays solicitó al Poder Ejecutivo provincial que informe de manera “urgente y detallada” sobre las fugas registradas en comisarías durante los últimos dos años. El pedido está dirigido al Ministerio de Gobierno de Misiones y a la Jefatura de Policía, y apunta a obtener un diagnóstico preciso sobre la magnitud del problema.

El texto reclama una estadística completa de evasiones ocurridas en los últimos 24 meses, discriminadas por dependencia policial, con detalles sobre “el perfil de peligrosidad de las personas evadidas y el estado actual de las causas judiciales iniciadas con motivo de dichos hechos”.

También solicita información sobre la capacidad nominal de alojamiento de cada comisaría, el nivel de ocupación actual y el estado de la infraestructura de seguridad, como rejas, cerramientos, celdas y sistemas de monitoreo. Respecto a este tema, ya la Comisión de Buenas Prácticas advertía al cerrar el 2025 que las principales problemáticas en comisarías son las condiciones de higiene insuficientes, puesto que en diversos establecimientos se observaron deficiencias en limpieza, mantenimiento edilicio, ventilación y saneamiento básico.

Y por otro, la calidad y suficiencia de la alimentación. “Se registraron raciones inadecuadas, ausencia de alimentos frescos y falta de dietas especiales para personas con patologías o medicación. Estos déficits contravienen las exigencias de las Reglas Mandela (Reglas 22 a 26), que establecen la provisión de alimentos nutritivos, suficientes y adaptados a necesidades médicas”, detalla el escrito del organismo.

En los fundamentos se advierte que “la seguridad pública y el adecuado funcionamiento de los sistemas de detención transitoria constituyen obligaciones indelegables del Estado provincial”, y se subraya que los episodios de fuga no pueden ser considerados hechos aislados. El documento menciona, entre otros antecedentes, la evasión de siete detenidos en diciembre de 2025 en Bernardo de Irigoyen y también refiere a la reciente fuga de cuatro personas en enero del corriente año en la Unidad Regional X de la capital.

“Este contexto demuestra que la problemática no se trata de casos aislados, sino de episodios reiterados que exigen análisis institucional y respuestas concretas”, sostiene el proyecto, que remarca además que la falta de información oficial “limita la posibilidad de evaluar con precisión los factores que intervienen” y dificulta el diseño de políticas públicas eficaces.

Las cárceles argentinas, bajo la lupa de la ONU

El debate legislativo por la guardia en comisarías reanuda discusiones que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (ONU) ya había advertido en su séptimo informe periódico de Argentina, publicado en noviembre del 2025.

Allí, apuntó y alertó sobre las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de libertad en el país. En el escrito se reclamaron medidas urgentes para frenar prácticas que, según advirtieron, violan estándares básicos de derechos humanos.

En las Observaciones Finales -cuyo borrador se publicó el 28 de noviembre-, el organismo había pedido “poner fin al uso de dependencias policiales para privaciones de libertad de larga duración” y exigía al Estado que garantice condiciones mínimas de alojamiento, alimentación adecuada y atención sanitaria en todos los centros de detención.

Especial énfasis hicieron al estado de los penales para mujeres, en los que relevaron hechos de violencia obstétrica y falta de insumos de higiene básicos. También lamentaron y pidieron revisar las casi nulas alternativas a la detención, en el caso de aquellas mujeres procesadas que están embarazadas o tienen niñas y niños a cargo.

En cifras

1.140

Fue la cantidad de personas alojadas en comisarías en el 2025, según un relevamiento de la Comisión de Buenas Prácticas en Contextos de Encierro.