Antonio López Forastier: “la norma se percibe como regresiva y sin generación de Empleo"
La reciente reforma laboral impulsada por el gobierno argentino genera fuertes cuestionamientos entre operadores judiciales y abogados laboralistas. Especialistas indican que “lejos de promover mayor empleo y modernización", como argumenta el Ejecutivo, la norma “se percibe como regresiva: quitar derechos sin otorgar beneficios reales y podría disparar litigiosidad”.
En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Antonio López Forastier, el Presidente del Colegio de Abogados, subrayó que la reforma rompe principios fundamentales del derecho del trabajo. "Dejar las horas diarias a negociación entre partes ignora la desproporción inherente: el trabajador no pone condiciones al iniciar".
Asimismo advirtió que la norma deroga unos 60-70 artículos de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), incluyendo límites al derecho a huelga. Propone distinguir "servicios esenciales" (75% de continuidad) de "trascendentales" (50%), pero "prácticamente todas las actividades entran en una u otra categoría, generando más conflictividad".
Ausencia de incentivos reales para el empleo
Un punto clave: no se reduce el "costo laboral" vía formulario 931 (aportes mensuales a AFIP). "El kiosquero paga lo mismo que Coto o una multinacional; no hay segmentación por tamaño de empresa", criticó el experto. El 80% de los empleos está en pymes y microempresas, pero los incentivos solo se aplican a "nuevos empleos" sin diferenciar categorías.
Además, el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) pasa de sistema de reparto solidario a administradoras privadas similares a las AFJP, desviando 2,5% de aportes de pymes/medianas y 1% de grandes empresas. "El Estado financia indemnizaciones en vez de aportes jubilatorios, perjudicando a pasivos", señaló. Ejemplo: licencias por estrés laboral –un foco de ausentismo– quedan intactas, sin controles ni cobertura por ART.
Por otra parte, la reforma se aplica retroactivamente a relaciones existentes, complicando fin de contratos, indemnizaciones (al contado en administrativa, 12 cuotas en juicio) y vacaciones (mínimo 7 días). "Surgen interpretaciones infinitas; no hay seguridad jurídica", pronosticó. El artículo 44 (jornada flexible) ya fue eliminado por rechazo popular, igual que propuestas de licencias al 50-70% sin subsidio estatal como en Europa.
"No hubo consenso técnico: gobernadores apoyaron por razones financieras, sin leerla. Legisladores priorizaron política sobre experticia", cerró Forastier.