2026-01-10

Gobiernos provinciales tendrán rol clave para llegar con los votos

El gobierno avanza en contactos para aprobar la reforma laboral

La próxima semana habrá reuniones oficiales para consolidar la estrategia del Ejecutivo. Se proyecta tener la nueva normativa sancionada hacia fin de febrero.

El gobierno de Javier Milei apunta a sancionar la reforma laboral en febrero, durante el segundo tramo de sesiones extraordinarias, y la semana que viene comenzarán las primeras actividades formales: el próximo viernes la mesa política se reunirá para terminar de definir la estrategia legislativa y una comisión técnica analizará en el Senado las observaciones de la CGT y las entidades empresarias.

Sin embargo, los contactos informales ya empezaron. El ministro del Interior, Diego Santilli, ya visitó Chubut y tiene en agenda viajes a Mendoza, San Juan, San Luis y Chaco.

En tándem, Patricia Bullrich y Martín Menem preparan el terreno en el Senado y Diputados. De hecho, la exministra de Seguridad ya dijo públicamente que el dictamen aprobado en los últimos días del año pasado está abierto a sufrir modificaciones.

“El objetivo es votar la ley y así como hubo cambios en la Ley Bases, va a haber cambios para llegar a los votos necesarios”, dijo a Infobae.

En base a los pronunciamientos públicos de algunos bloques y líderes provinciales, el oficialismo se entusiasma. Ven el camino despejado en el Senado y creen que podrán construir los consensos necesarios también en Diputados.

Al igual que ocurrió durante el debate del Presupuesto 2026 y la ley de Inocencia Fiscal, los gobernadores y el radicalismo tendrán un rol protagónico. En la Cámara Alta el oficialismo parte de una base de 21 votos a favor, por lo que necesita sumar 16 voluntades para llegar al quórum.

En la pecera donde deberán buscar los libertarios hay diez senadores radicales (siete que responden a gobernadores y tres “sin techo”) y otra decena de legisladores que responden a mandatarios provinciales.

Los radicales “sin techo” (son oposición en sus provincias) son Maximiliano Abad (Buenos Aires), Flavio Fama (Catamarca) y Daniel Kroneberger (La Pampa). En cambio, Mercedes Valenzuela y Eduardo Vischi (Corrientes), Carolina Losada y Eduardo Garaletto (Santa Fe), Mariana Juri y Rodolfo Suárez (Mendoza) y Silvana Schneider (Chaco) tienen vínculos directos con sus respectivos gobernadores.

Los diez votaron con el oficialismo el Presupuesto 2026 y hay mandatarios que además tienen alianzas políticas en sus provincias como Alfredo Cornejo y Leandro Zdero.

No fue casualidad que la primera parada de la gira de Santilli fuera la provincia de Chubut. Allí se reunió con Ignacio Torres, que podría influir sobre los votos de Edith Terenzi (Despierta Chubut) y Andrea Cristina (PRO).

Al mismo tiempo, el mandatario de Salta, Gustavo Sáenz, tiene relación directa con Flavia Royón, exministra provincial. La Casa Rosada y la provincia de Salta dejaron expuesta su buena sintonía en la última sesión de Diputados, cuando acordaron la designación de Pamela Calletti en la AGN. Un acuerdo que les valió a los libertarios el enojo del PRO y la UCR.

Por el lado del peronismo disidentes, el catamarqueño Raúl Jalil podría aportar el voto de Guillermo Andrada y el tucumano Osvaldo Jaldo, los apoyos de Sandra Mendoza y Beatriz Ávila. El primero recibió de Nación esta semana el control del Yacimiento Minero de Agua de Dionisio, mientras que el segundo mostró en varias oportunidades su cercanía con los libertarios, por ejemplo cuando fue el primer gobernador en romper el bloque peronista en Diputados.

Finalmente, el santacruceño Claudio Vidal y el neuquino Rolando Figueroa cuentan con los últimos tres votos clave (Natalia Gadano y José María Carambia, y Julieta Corroza). El apoyo del primero será el más esquivo, ya que proviene del mundo sindical. Aunque la modificación de la ley de Glaciares, que permitiría ampliar las zonas con actividad minera, podría servir como moneda de cambio.

Hasta el momento, las principales objeciones de todos los gobernadores, tanto aliados como opositores duros, giran en torno a los recursos coparticipables que las provincias dejarían de recibir por las reducciones de alícuotas de Ganancias a empresas.

En total, calculan que perderían más de 1 billón de pesos y las más perjudicadas serían Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. 

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