Una encuesta reveló que el 97% de los usuarios reclaman mejoras en la frecuencia del transporte público

En el marco de la audiencia pública por el aumento del boleto del transporte público, realizada esta mañana en el Parque de la Ciudad de Posadas, la Defensoría del Pueblo de Posadas presentó los resultados de un relevamiento elaborado a partir de las experiencias y reclamos de personas usuarias del servicio.

“Desde la Defensoría del Pueblo entendemos la complejidad operativa y económica que atraviesa el sistema de transporte público. Cualquier decisión vinculada a tarifas debe tener equilibrio y responsabilidad social. Ese equilibrio tiene que contemplar la capacidad de pago de los usuarios”, dijo la referente Vanesa Libutzki.

Asimismo, la exposición incluyó los datos del relevamiento realizado en diciembre. La encuesta reunió 453 respuestas y permitió conocer el uso cotidiano del servicio por parte de quienes dependen del transporte público para trasladarse.

“Los resultados son contundentes. El 87% de las personas encuestadas utiliza el transporte público con frecuencia semanal y el 65% lo hace todos los días. Esto confirma que se trata de una solución esencial y no opcional”, planteó.

A su vez, los datos recogidos reflejaron las principales dificultades que atraviesan los usuarios durante sus viajes diarios. Las respuestas refirieron a aspectos concretos del funcionamiento del sistema y de las condiciones del servicio.

“El principal problema señalado es la frecuencia del servicio, con un 97%. Luego aparece el costo del pasaje, con un 66%, el estado de los coches con un 50%, las condiciones de viaje con un 41%, y las paradas, refugios y la falta de puntos de carga Subes, con un 38%”, detalló.

En esa línea, la exposición vinculó estos reclamos con la discusión tarifaria. El planteo sostuvo que el uso del transporte público depende directamente de la calidad del servicio que reciben los usuarios. “Cuando el servicio no responde, la ciudadanía busca alternativas. Por eso la discusión del boleto no puede separarse de la calidad del sistema”, expresó.

Además, la exposición incorporó el contexto actual que atraviesa al transporte público. Entre los factores mencionados figuraron la expansión de aplicaciones de traslado y la reducción de la actividad vinculada al transporte escolar.

“La encuesta muestra que muchas personas recurren a aplicaciones no por preferencia, sino por necesidad. Un porcentaje relevante reemplaza el colectivo de manera frecuente u ocasional, principalmente por la baja frecuencia del servicio, que aparece en el 73% de los casos, seguida por los tiempos de espera y la conveniencia del precio”, sostuvo.

A partir de ese comportamiento, la Defensoría vinculó el aumento del boleto con el riesgo de una caída mayor en la cantidad de usuarios. El planteo incluyó el impacto directo que esto genera en la sostenibilidad del sistema. “Un aumento importante del pasaje implica menos usuarios, menores ingresos por la caída de la demanda y, luego, mayor presión sobre el sistema”, afirmó.

Por otra parte, la exposición incluyó una serie de propuestas para acompañar cualquier revisión tarifaria. El planteo apuntó a una revisión integral del servicio con medidas concretas y verificables. “Resulta necesario evaluar el equilibrio tarifario con responsabilidad social. También mejorar de manera efectiva la frecuencia del servicio, especialmente en horarios pico, porque es lo que más impacta en la vida cotidiana, como los traslados al trabajo y a las escuelas”, enumeró.

Además, la exposición incorporó la necesidad de garantizar información en tiempo real sobre recorridos y horarios. Ese punto se vinculó con la reducción de la incertidumbre y los tiempos de espera. “También resulta fundamental fortalecer los canales de comunicación ante reducciones de frecuencias o modificaciones de recorridos. A eso se suma la mejora de las condiciones generales del servicio, el estado de las unidades y los puntos de carga Subes”, agregó.

Por último, la Defensoría del Pueblo vinculó la estabilidad del sistema con la permanencia de los usuarios y la calidad del servicio. “El sistema no puede sostenerse sin usuarios, y los usuarios no permanecen sin calidad. Por eso solicitamos que toda decisión tarifaria forme parte de un plan integral, con metas, controles y transparencia, para que el esfuerzo que se le pida a la ciudadanía tenga una contrapartida concreta”.