Para la abogada Roxana Rivas, la medida judicial contra docentes es parte del protocolo antipiquetes
Ayer trascendió que alrededor de una docena de dirigentes docentes tiene restricción de acercamiento a la Legislatura provincial. La medida fue establecida por el juez de Instrucción 6 de Posadas, Ricardo Balor, quien además los citó a comparecer ante la justicia por los hechos de violencia ocurridos el jueves 23 frente a la Cámara de Diputados.
En este contexto, Roxana Rivas, abogada laboralista y de derechos humanos, quién además forma parte de los equipos jurídicos de ATE y CTA de Misiones, explicó que los docentes fueron imputados por delitos de daños en la Cámara de Representantes y los alcances que eso podría tener. "En su momento se harán las defensas que correspondan. La causa es por daños a la Legislatura, y se les notificó a los implicados una orden de restricción al edificio en cuestión. Por lo que no podrían acercarse porque podrían incurrir en desobediencia judicial", sostuvo, y en esa línea manifestó que "esto es parte de la estrategia para ir desanimando las marchas y manifestaciones que son parte de las prácticas que se aplica sobre los dirigentes".
Luego, apuntó que "se los selecciona sin poder acreditar que han sido ellos autores del daño, hay casos que no estuvieron en esa marcha pero están representados". Sostuvo que están implicados todos los sectores que "han participado de la protesta docente" y apuntó que se trata del protocolo antipiquete "cuya inconstitucional venimos denunciando diversos organismos de Derechos Humanos con un dictamen a fin de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)".
Sobre la orden de restricción de acercamiento, detalló que se trata de una herramienta judicial. "Si se los ve dentro del área de restricción se los puede detener. La idea es no generar ningún tipo de inconveniente. Se harán las defensas. Se pedirá que se levanten las medidas y demás".
Lamentó que "son doce personas que evidentemente representan un riesgo para el edificio de la Legislatura, que además está plenamente defendido por las fuerzas de seguridad. Son medidas que cuidan más bien a una persona más que a una infraestructura en un marco de 200 metros cuadrados, y que incluso muchos podrían vivir por allí cerca". Rivas describió a la medida como "descabellada", y al ser consultada por si hay antecedentes similares relató que "es la primera vez que hay una medida cautelar de esta naturaleza".
La abogada indicó nuevamente que se trata de la aplicación del protocolo antipiquete a partir de la creación del Comité de Crisis que encabeza el Gobierno Provincial junto a la Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. "Son medidas que se ajustan a los procedimientos que establecen este protocolo", cuestionó.
"La preocupación es la medida cautelar que es la que limita a los trabajadores de ingresar a esa zona, los expulsa directamente de Villa Sarita. Después los daños son responsabilidad del Estado en el marco de un desborde por no haber garantizado la seguridad de los manifestantes", concluyó.
Lo sucedido
El juez Ricardo Balor les estableció restricción de acercamiento de unos 200 metros a la Cámara de Diputados, tras los violentos episodios ocurridos el pasado jueves. A su vez, se abrió una investigación por la denuncia penal a raíz de lo sucedido, que concluyó con el enfrentamiento entre huelguistas y fuerzas de seguridad.
Hay una amplia lista de dirigentes que deberán comparecer por lo ocurrido en los próximos días ante la justicia. La medida fue notificada anoche en el acampe docente apostado en la avenida Uruguay de Posadas.