2020-07-12
Los títulos, las habilitaciones y la universidad
Por Gonzalo Peltzer gpeltzer@elterritorio.com.ar
En el actual territorio de la República Argentina hubo universidad
más de 200 años antes de nuestra independencia. La Universidad de
Córdoba y las cinco anteriores fundadas en la América española nacieron
con el concepto medieval de universidad, ese que dice que es un lugar
donde todos estudian y no donde unos enseñan y otros aprenden. Fue junto
con nuestra independencia que empezó a colarse la idea napoleónica de
convertir a las universidades en agrupaciones de escuelas profesionales,
donde se aprende más a hacer cosas que a dominar una ciencia.
Hasta 1885 la universidad argentina no daba títulos habilitantes:
solo certificaba que esa persona había estudiado lo que fuera. Eran las
profesiones las que lo daban, lo quitaban y lo regulaban. Tanto que
Dalmacio Vélez Sárfield, el autor de nuestro primer código civil y a
quien nadie niega su condición de gran jurista, abandonó en primer año
la carrera de Derecho... Y Marcelino Ugarte, uno de los primeros
juristas de Buenos Aires, consiguió muy joven el título de doctor en
jurisprudencia, pero para conseguir el de abogado tuvo que trabajar en
un estudio, hacer prácticas durante tres años y rendir examen ante la
Academia de Jurisprudencia. Ya se ve que una cosa era ser licenciado o
doctor y otra abogado, contador, arquitecto, médico, veterinario,
ingeniero...
Desde esa ley de la época de Nicolás Avellaneda hasta nuestros días
se ha ido exacerbando la habilitación profesional desde la universidad.
Los títulos y solo los títulos dan derecho a ejercer profesiones y esta
realidad llegó a pasar los límites del sentido común, tanto que durante
unos cuantos años rigió una ley que establecía incumbencias
profesionales para las carreras; así al registrar una nueva carrera ante
el Ministerio de Educación había que listar taxativamente las
incumbencias del título y si te olvidabas de alguna tus graduados nunca
iban a poder ejercer esa incumbencia bajo pena de ejercicio ilegal de la
profesión si lo hacían. Llegaron a inscribirse 1.500 carreras y el
periodismo fue un caso testigo tremendo, tironeado por los que querían
controlarlo desde el estado por un lado y desde la industria que pedía
libertad por el otro.
La ley que rige actualmente la educación superior es de 1995
(24.521), con algunas leves modificaciones posteriores. Se apeó entonces
del concepto de las incumbencias, pero lo único que hizo fue borrar esa
horrible palabra para establecer casi lo mismo en su artículo 42: Los
títulos con reconocimiento oficial certificarán la formación académica
recibida y habilitarán para el ejercicio profesional respectivo en todo
el territorio nacional (...). Los conocimientos y capacidades que tales
títulos certifican, así como las actividades para las que tienen
competencia sus poseedores, serán fijados y dados a conocer por las
instituciones universitarias, debiendo los respectivos planes de estudio
respetar la carga horaria mínima que para ello fije el Ministerio de
Cultura y Educación, en acuerdo con el Consejo de Universidades. Y el artículo 43 establece requisitos especiales para las carreras que otorguen
títulos correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo
ejercicio pudiera comprometer el interés publico poniendo en riesgo de
modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la
formación de los habitantes... solo se salvan pocas carreras... esas que siguen los poetas, los escritores y otros artistas, siempre que no sean profesorados.
Mientras la universidad argentina no se despegue del racionalismo
napoléonico seguirá sumida en la decadencia y la decadencia de nuestra
educación es el origen causal de nuestros fracasos como país. Por eso
vengo diciendo hace tres domingos que la universidad debe ser el lugar
donde todos estudian. La idea de que sea la universidad la que otorgue
títulos habilitantes con incumbencias taxativas las convierte en tiendas
de diplomas para buscadores de trabajo. Peor es el lobby de las
profesiones, a las que les conviene que su título sea necesario para
trabajar; así obligan a la industria a contratar solo afiliados al
colegio profesional y así pueden mangonear a su antojo.
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