El Ministerio Público salvadoreño inició ayer el embargo de 35 propiedades y varias empresas de comunicación del ex presidente Antonio Saca, que enfrenta un proceso penal por el desvío de 301 millones de dólares de fondos públicos para su beneficio y de terceras personas. Saca, tres de sus ex funcionarios más cercanos y tres ex empleados de Casa Presidencial están procesados por formar parte de la red de corrupción que diseñó. El ex mandatario y cinco de sus viejos colaboradores confesaron ante la Justicia lo que se les imputa para intentar lograr una condena menor.