2004-06-06
Pami ordenó evacuar sus internos de la clínica Arandú
“La decisión de no reconocer a esta clínica psiquiátrica como prestadora surgió a partir de los sospechosos y reiterados cambios de su razón social que no pudieron ser justificados con la correspondiente documentación por sus actuales dueños ante la obra social”, reconoció el Pami.
Desde la gerencia de Asuntos Jurídicos y de la Sindicatura General de la sede central del Pami, se venía analizando “los motivos por los cuales esta clínica cambió de nombre por lo menos tres veces desde el año 2000 a la fecha. En principio figuraba bajo el nombre de Clínica de la Merced, luego Servicios Médicos del Mercosur y el año pasado pasó a llamarse Centro Arandú”.
En el mismo momento en que se inició esta investigación, el Pami decidió suspender el pago de servicios a la mencionada clínica, hasta tanto no se termine de sustanciar el expediente investigativo, que ahora como consecuencia de su finalización, determinó la rescisión del contrato.
La clínica venía reclamando el pago por sus servicios y ante ello, el Pami le notificó por carta documento que debido a las irregularidades detectadas no la reconocía como prestadora médica.
Ahora habrá que aguardar que las autoridades del Pami decidan si las irregularidades detectadas en su investigación interna son suficientes como para además elevar una denuncia judicial por este tema.
A otro centro
En Posadas, en tanto, se corroboró que los pacientes que estaban internados en el citado centro asistencial fueron derivados a otra clínica de salud mental. Como así que desde la Delegación Posadas del Pami se intentó revertir esta decisión de la gerencia central pero sin suerte porque tras la investigación, finalmente corroboró las denuncias que había formulado este diario, el 18 de abril último. Allí se consignó que el Pami internaba en un centro inexistente, justamente por la cantidad de veces que había cambiado su razón social.
Para los psiquiatras posadeños “en estas condiciones la clínica mencionada quedó convertida en un aguantadero de ex funcionarios o profesionales con causas judiciales en camino”. Cabe recordar que allí siguen alojadas la ex jueza Graciela Salvado de Sotelo procesada por la polémica Megaestafa. Como también Nora Castelli, ex jefa de despacho del juzgado Civil y Comercial N° 1 y por el mismo caso.
Familiares y ex empleados denunciaron oportunamente diversas irregularidades que sucedieron en ese lugar. La pregunta más frecuente entre aquellos era: ¿Por qué se suceden los cambios de nombres y el Pami contrata a una sociedad inexistente...?. Después de haber tomado estado público la cuestión, el Pami tomó la decisión de sacarla del listado de prestadores, no reconocer los servicios prestados y evacuar los pacientes que allí estuvieron internados hasta la semana pasada.
El mismo Pami dijo que es materia de análisis una denuncia por evasión de impuestos, que en otras épocas formuló contra otros establecimientos que utilizaron el mismo método en la Argentina.
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