Estado presente

Viernes 19 de junio de 2020
Hay un sector de la población que se muestra escandalizado ante la expropiación de la empresa Vicentín. Su gran deuda y el fraude al fisco no parecen molestar su retina, aunque es una viga. Cuando un particular tiene una deuda con el banco, lo ejecutan y nadie cuestiona la legitimidad de la medida. Acaso la figura legal no será dación en pago, recuperación de lo nuestro, cobro de deuda. 
La medida tiene por finalidad salvar una empresa, contener a los trabajadores, poder intervenir en la confección de los precios de los alimentos, bajar costos, elaborar materia prima, tener acceso un mejor manejo de las divisas, tener una herramienta más contra la inflación. La finalidad es buena, más en tiempo de pandemia, cuando casi la mitad de la población se encuentra en una situación vulnerable. Quizá el medio no fue el más idóneo, como reconoce el presidente, conocedor del derecho, pero es una situación de fuerza mayor que lo amerita; se corría el riesgo de que la empresa sea vendida, pase a manos extranjeras y que muchos sectores del campo quedaran desamparados. 
Además, el fin de la medida es ayudar a un vasto sector de la población que depende de esa empresa. Se están salvado fuentes de trabajo, a familias, a personas de carne y hueso. Para eso fue pensada la Constitución, no para salvar capitales. Lo que atenta contra la república es el fraude, la corrupción, la desocupación, comprar un buzón en detrimento de la población. Argumentan que el Estado administra mal, pero hasta eso es mejor a que el dinero sea fugado a paraísos fiscales. 
Lo que debería generar escándalo es que haya gente en la pobreza: eso sí es una contradicción jurídica, puesto que más allá de la meritocracia, la Constitución nacional, junto a los tratados internacionales, garantiza los derechos humanos básicos e imprescindibles para poder vivir dignamente, lo que no se cumple muchas veces porque se minimiza los problemas de los pobres. Si Vicentín se expropia por una causa de utilidad pública, para socorrer a los habitantes del país, no es contrario al derecho, más bien va con el espíritu de la ley y los principios generales del derecho.

Pablo Martín Gallero
Puerto Rico

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