Seis provincias dejaron atrás el soporte papel por la videograbación
Objetivos de la oralidad
Las ventajas
Sobre los beneficios de una oralidad efectiva, se plantean algunos puntos sustanciales, como el control del período probatorio en forma plena por el juez, entendiendo por tal el control del plazo en que se cumplirá y las medidas de prueba que se llevarán adelante en ese tiempo. Algunas ventajas son:
1) Concentrar en una única oportunidad todas las diversas audiencias que se cumplen en momentos sucesivos a lo largo de meses.
2) La eliminación del soporte papel para esas audiencias de vista de causa o de prueba, reemplazándolo por videograbación, ahorrando de ese modo el tiempo de la transcripción y la dedicación que un empleado del Juzgado debería dedicar a ella.
3) El acortamiento de los plazos hasta la terminación del proceso, dado que al finalizar la audiencia el juez ya dispone normalmente de toda la información que requiere para llegar a una resolución (salvo que reste alguna prueba, lo cual sería la excepción y no la regla).
4) El favorecimiento de las posibilidades conciliatorias, dado ante la presencia personal del juez que interviene activamente en las negociaciones y la convicción de que el proceso llegará a su fin en un plazo cierto.
El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Misiones, Froilán Zarza, había adelantado a este matutino sobre el proyecto que busca implementar en la provincia, para lograr un mejor servicio a la ciudadanía. Había indicado que la implementación del sistema oral en los procesos civiles está contemplado en el Código Procesal y que vendrían capacitadores del Ministerio de Justicia de la Nación, como ocurrió el pasado martes. Zarza había destacado que no sería necesario que la Justicia misionera adquiriera nuevas herramientas y tampoco normativas, puesto que con los instrumentos que posee se puede aplicar el plan. “El trabajo y experiencia que ellos están haciendo desde el Ministerio de Justicia lo hacen con las mismas herramientas jurídicas con las que contamos nosotros”, afirmó. Remarcó que para poner en marcha la iniciativa, será necesario un cambio de mentalidad en el ámbito judicial, que es allí adonde se apuntará el trabajo conjunto entre todas las partes.
“En 30 minutos el juez ya tiene todas las pruebas”
El coordinador del Programa Justicia 2020, Héctor Mario Chaye, y el juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial número 2, Sala 3 de La Plata, Andrés Antonio Soto, llegaron esta semana a Misiones para dar a conocer el proyecto de la cartera de Justicia que impulsa la oralidad en los procesos civiles.Se destaca que el nuevo medio de registración, constituye un cambio de paradigma en el sistema civil escriturario, ya que en el corazón del proceso se inserta el registro audiovisual.
Chayer y Soto detallaron los alcances del programa de oralidad en diálogo con Meta Data, el programa político de El Territorio que se emite los viernes desde las 21 por Somos Posadas (Canal 7 de Cablevisión) y en el sitio de El Territorio y TTV.
¿Cómo surge y en qué consiste el proyecto de oralidad que impulsan en el país?
Héctor Chayer: Desde el Ministerio de Justicia de la Nación, con la gestión del ministro Germán Garavano nos dimos cuenta que era necesario el apoyo para solucionar un grave problema. Alguien que tiene un accidente de tránsito, un problema de contrato, locación o alquiler o desalojo, en la mayor parte del país, espera soluciones rápidas a un conflicto que suele durar años. La gente no confía en la Justicia porque son pilas y pilas de papeles escritos en un lenguaje incompresible. Nos planteamos cuál era la solución para esto en el ámbito de los juicios civiles patrimoniales. De los juicios y la herramienta clave para la solución, aparece la oralidad; es decir que el juez tenga dos audiencias con las partes, con los abogados. En la primera, ver lo que se está discutiendo y las pruebas que se van a hacer, se intenten conciliar pero que esté el juez en esa primera reunión y ese mismo día, determinar una nueva fecha, con las pruebas producidas, con informes de las compañías, un informe de un perito (médico/ ingeniero) que escriben un dictamen y juntar los testigos en esa segunda audiencia en dos o tres meses más.
Para eso es importante la videograbación. Es decir que no se haga un acta de lo que cada uno dice, sino que se videograbe. En unos 30 minutos ya el juez tiene toda la prueba en promedio y sale y dicta sentencia. Esto que parece un cambio tan grande, es mucho más fácil de hacer de lo que parece porque no requiere de modificaciones normativas. No hay que cambiar los códigos.
¿Para aplicar esta modalidad, se modifica algo del sistema?
HC: Son nuevas prácticas. Nueva manera de trabajar. En vez de escribir un acta de lo que dice cada testigo, en un tribunal que puede tardar hora a hora y media, cuenta lo suyo y a los cinco o diez minutos ya está porque queda videograbado. Desde el Ministerio de Justicia ayudamos a financiar estos equipos de videograbación y trabajar en conjunto con los jueces; en generar un protocolo de buenas prácticas, de la manera de trabajar y que los jueces por supuesto, se comprometan a hacerlo. Y un tercer elemento que es muy importante para la ciudadanía, medimos sistemáticamente lo que pasa. Cuántas audiencias se toman, cuánto tiempo hay entre dos audiencias. Los trabajamos con los jueces desde la gestión, desde la búsqueda de excelencia, no del control o la sanción para dar un mejor servicio al usuario.
¿Cuánto tiempo les demandaban resolver las causas y cuánto se reduce con la oralidad?
Andrés Soto: En general los juicios escriturarios, es decir con el sistema anterior, demoraba de cuatro o seis años, y con la oralidad estamos consiguiendo a un año y medio o dos.
Si tuviera que hacer un balance. ¿Le dio resultados además de la celeridad ya planteada?
AS: El balance es absolutamente positivo. Además de la celeridad, nosotros consideramos que lo que se consigue son mejores decisiones, porque al estar el juez en contacto directo con la prueba, la calidad del material probatorio es superior y por ende la calidad de las decisiones es mejor. También hemos conseguido un altísimo nivel de conciliaciones, estamos en 42 por ciento aproximadamente sobre el total de causas resueltas en estos dos años. Ese índice del 42 por ciento marca una enorme aceptación de los ciudadanos y de los propios abogados, a la propuesta que el propio juez hace; porque la iniciativa es de los jueces. No nos olvidemos que en la provincia de Buenos Aires tenemos un proceso escrito; es decir que no hay una obligación: la ley no impone una obligación de tomar las audiencias. De modo que estos 105 jueces que menciono voluntariamente están trabajando.
¿Qué debe hacerse para acordar y aplicar la oralidad en provincias como Misiones?
HC: Hoy estamos dando el primer paso. Nos han invitado a una charla de sensibilización para que la comunidad jurídica sepa de qué se trata. Que no haya sorpresas; de que todo el mundo entienda de qué se trata el proyecto. Vamos a comenzar a planificarlo, vamos a ver las necesidades, identificarlas, presupuestarlas, preparar la capacitación de los jueces para cuando tengamos los recursos ya disponibles. Se harán la licitación, se comprarán los equipos y se pondrá en marcha en la provincia. Normalmente esto nos lleva nunca menos de cuatro o cinco meses pero no más de siete u ocho meses.
Doctor Soto: al implementarse la oralidad, ¿qué queda del expediente escrito?
AS: La etapa preliminar del proceso, como el escrito constitutivo queda tal como se conocen. Lo que no quedan son las actas de lo que declaran, eso quedan grabados. Y en el expediente, sólo queda constancia que se celebró la audiencia. Esto genera una enorme celeridad en el tiempo de audiencia. En un acta escrito, un testigo puede demandar -y la suma de testigos- varios días; en este sistema de 20 a 28 minutos.
El coordinador del Programa Justicia 2020, Héctor Mario Chayer, afirmó que el pedido del ministro Garavano “es avanzar lo más rápidamente posible”. Recordó que en el 2016, en el primer año, "empezamos la experiencia en la provincia de Buenos Aires; la más grande, la más desafiante, con una enorme carga de trabajo en algunos lugares del conurbano. Luego en el 2017, se sumaron otras tres provincias: San Luis, Formosa y Mendoza y en lo que va del año Santa Fe, Entre Ríos y seis jurisdicciones en plena ejecución. Estamos trabajando con diez provincias más planificando, para que de acá a fin de año, estar en marcha con la mitad. Y continuar el próximo año, el último año de gestión nacional, tratando de llegar a cada rincón del país.
Desde abril de este año, se sumó Santa Fe y a partir del 23 de julio, los 38 jueces de primera instancia civiles y comerciales de la provincia de Entre Ríos comenzarán a implementar la oralidad en los juicios, sumándose a las exitosas experiencias ya en marcha de Buenos Aires, San Luis, Formosa y Mendoza, previéndose la incorporación de otras diez jurisdicciones en el año 2018. A ese número, se sumaría ahora Misiones. Lo que se busca con este sistema, es terminar con la extensa duración de los juicios escritos, que no tienen la participación directa del juez; como se exige en el oralidad desde el primer minuto.
Por Antonio Villalba
avillalba@elterritorio.com.ar