Por abandono de ancianos cierran hogar clandestino

Documentos extraviados, directivos ausentes y la sensación de absoluto abandono fueron el denominador común en el Hogar de Ancianos denominado Santa Rita, ubicado por Félix Aguirre entre las avenidas Rademacher y López Torres, de Posadas. El lugar fue intervenido por el Consejo Provincial del Adulto Mayor, luego de que el organismo tomara conocimiento de la dramática situación que atravesaban once abuelos alojados en el inmueble.

Tras el escándalo, que tiene todas las características de una estafa teniendo en cuenta que la documentación les fue retirada de su poder a los adultos mayores, intervinieron también la Subsecretaría del Adulto Mayor de Desarrollo Social, a cargo de Inés Arias; el defensor del Pueblo de Posadas, Alberto Penayo; autoridades del Pami y del Anses.

“En el caso de los que no tienen familiares es responsabilidad del Estado y la otra vía es que las obras sociales den respuesta”, sostuvo, en diálogo con El Territorio, Alejandro Miravet, vicepresidente del Consejo del Adulto Mayor.

Por su parte, Aldo Quintana, titular del hogar de abuelos Adelaide, se acercó al lugar de conflicto y ofreció su ayuda para las personas alojadas allí que terminaron a la deriva. “Al encargado del lugar se le debe iniciar una demanda penal por abandono de persona”, dijo, a lo cual agregó: “Mi hogar tiene lugar para tres personas, dos hombres y una  mujer, en caso de que necesiten reubicación”.

En tanto, ayer por la noche se reunió una mesa multisectorial en la sede de la Defensoría del Pueblo del Posadas. Allí el defensor confirmó que hoy a primera hora se presentará una acción de protección de personas y una denuncia penal para investigar este caso. Además se confirmó que en Posadas funcionan actualmente cinco hogares de ancianos habilitados oficialmente por los órganos de control, pero según un relevamiento de esa institución y denuncias que fueron recibiendo, habría unos 45 que estarían trabajando de manera ilegal.

“Luego la Justicia va a determinar cuál es el destino de los ancianos. En caso de que se decida su traslado, necesitamos garantías de que esa gente no va a seguir sufriendo. Necesitamos que el Estado intervenga sí o sí. La intervención nuestra tiene que servir para que la vulnerabilidad en la que encontramos a estos abuelos no se vuelva a repetir”, dijo Penayo. Luego agregó que, en una segunda instancia, analizan efectuar una denuncia de tipo penal respecto a las personas que oficiaban de administradores del hogar. “También vamos a hacer la denuncia con respecto a las personas implicadas. Abandono de persona sería la carátula, con el agravante de robo de jubilación”, precisó.

Al concluir la reunión, representantes del Consejo del Adulto Mayor señalaron que “la habilitación es un caso cerrado porque ya no hay ninguna posibilidad de hacerlo. En esta semana lo que tenemos que resolver es el destino de estas personas que estaban alojadas allí. Ya se han resuelto cuatro casos y restan los otros. Este viernes, que vence el plazo que nos hemos impuesto, tendremos una reunión con los familiares que detectemos para ver si ellos, Pami o IPS los pueden ubicar en el mejor lugar que puedan estar”.

Estas horas son cruciales para definir la situación de los ancianos, ya que el alquiler está pago hasta el 30 y luego deberá ser desalojado por los ancianos que aún permanecen ahí.

Cronología del drama

Días atrás, la pareja que alquiló la propiedad se habría dado a la fuga con documentos personales y tarjetas de cobro de haberes jubilatorios pertenecientes a por lo menos cinco adultos mayores.

Tras la desaparición de los administradores y la advertencia del robo a los ancianos, un grupo de mujeres encargadas del cuidado de los gerontes tomaron la decisión de radicar el lunes una exposición en la Comisaría Tercera, logrando la intervención de las fuerzas del orden ayer por la mañana.

Las alarmas se encendieron, cuando personal policial y representantes de la Dirección de Gerontología del Ministerio de Salud Pública llegaron al lugar y comprobaron el estado de abandono en que se encontraban los abuelos. Según consta en la exposición policial que labraron las cuidadoras del geriátrico que funcionaba de manera clandestina, la administración dependía de una pareja que firmó contrato de locación el 17 de enero.

“Roberto Héctor Sena alquila con su concubina Noemí Acosta la propiedad y abre un asilo de ancianos sin inspecciones que lo habiliten como tal”, reza el documento en el cual se detalla la identidad de los abuelos que fueron estafados: “Bonifacia Olivera (83), Alcides Godoy Ortiz (70), Juan Gorzyck (57), Marcelino Tessari (82), Miguel Ángel Margarato (63), Atilio Romero (75), Jorge Antonio Wolemberg (77), Margarita Alicia Zoubi (52), Gilberto Dos Reis (52) y Gabriela Domínguez (51), de los cuales sólo cinco tenían cobertura del Pami”.

En ese contexto, Rosa del Carmen Enríquez, quien se desempeña como cuidadora en el geriátrico, reveló a las autoridades que desde hace una semana no tiene contacto con los dueños del hogar  y que el viernes último se acercó a cobrar la pensión de Miguel Ángel y Bonifacia; en ambos casos, los abuelos tenían sólo 6 pesos en su caja de ahorro. “No sé cómo hicieron, pero les sacaron la plata y se fueron. Ellos no tienen familiares”, adujo.

En medio del drama, el dueño del inmueble donde funcionaba el hogar pidió a las enfermeras que desalojen el sitio, ya que debido a la repercusión que tuvo el caso, no desea continuar con la relación locataria.

El problema se acentúa para aquellos que no tienen familia que responda por ellos, por lo que dependen íntegramente de las autoridades competentes del Estado. Tal es el caso de Bonifacia, quien entre lágrimas contó a este matutino su soledad: “Nada tengo, ni hijos ni nada, me pasé la vida trabajando, lavando ropa”.

Por otra parte, en la reunión que se desarrolló anoche también se habló de la precaria situación que viven los adultos mayores en otros centros de cuidados de la provincia.

Entre otras propuestas se sugirió trabajar en conjunto con el Parque de la Salud para evaluar la posibilidad de crear una Casa de Abuelos dentro de ese predio.

Incluso la ministra de Derechos Humanos, Lilia “Tiki” Marchesini, sugirió ante diputados presentes la posibilidad de legislar sobre la materia y tratar una posible creación de una secretaría o juzgado del adulto mayor para tratar temas que hagan a la situación de los ancianos con más agilidad.

Una residencia habilitada cuesta cerca de 20 mil pesos por persona

Sobran leyes, faltan controles

El médico Leandro Miérez es una de las personas que mejor conoce el tipo de trato que reciben los adultos mayores en Misiones, ya que durante 31 años estuvo a cargo de la ex Unidad Geriátrica Villa Lanús y también prestó servicios en la Dirección de Gerontología de Salud Pública.

En ese marco, el especialista le confió a El Territorio que pese a la existencia de normas que regulan la actividad de los hogares de ancianos en Misiones, no hay controles que las hagan cumplir.

“La provincia está adelantada en reglamentación con respecto a la ancianidad, pero no se cumple. Están la Ley de Ancianidad y la reglamentación de los geriátricos, pero lamentablemente no se hacen cumplir las normas vigentes. Cuando yo trabajada en la Dirección de Gerontología, recorrimos toda la provincia visitando los geriátricos. De 41 hogares que estaban registrados, sólo siete cumplían con los requisitos en todo Misiones, y en Posadas apenas tres”, consignó el galeno. 

Luego resaltó que ante la falta de controles, quienes administran los geriátricos no se preocupan por cumplir las regulaciones ni por pagar las multas que les aplican, ya que luego no hay supervisiones. “El Estado debe subsidiar, pero también debe exigir que cumplan. La mayoría de los hogares son truchos. Cuando los multan, les cambian el nombre, ponen a otras personas al cuidado de los ancianos y listo”.

En relación al futuro de este grupo de ancianos, Miérez aseveró: “Cerrar no es una opción, porque ¿adónde van a ir los abuelos? Lo que hay que hacer es garantizar que los geriátricos funcionen según la reglamentación vigente”

Finalmente, se refirió al robo de las tarjetas con las que los adultos mayores acceden a sus haberes jubilatorios y señaló que se trata de una modalidad frecuente. “Yo con mis 86 años sigo peleando por los viejos. Por eso sostengo que debe haber evaluación, supervisión y controles periódicos en todos los hogares”, concluyó.

Por Griselda Acuña
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