En medio del intenso debate sobre el nuevo rol que tendrán los integrantes de las Fuerzas Armadas, ayer el ministro de Gobierno Marcelo Pérez afirmó a El Territorio que el decreto nacional no modifica la tarea en cuanto a seguridad interior y que no vendrán, por ahora, militares a instalarse en Misiones.
“Si se quiere hacer una reforma más profunda, sin dudas, debería pasar por el Congreso de la Nación porque hay un marco legal que son las leyes de Seguridad Interior y de Defensa Nacional”, añadió en forma previa tras presidir ayer los festejos por los 158 años de creación del Cuerpo de Bomberos de la Policía de Misiones.
De esta manera, el funcionario provincial indicó ayer que estos militares “no van a venir a realizar ningún operativo”, y que seguirán cumpliendo en la provincia las mismas funciones como hasta ahora.
“Sobre la colaboración que puedan realizar las Fuerzas Armadas a las fuerzas de seguridad, el marco legal ya contempla la colaboración en materia logística; no creo que modifique nada y en particular, a la provincia personal del Ejército no va a venir”, insistió el funcionario provincial al participar del acto en compañía del diputado nacional Ricardo Wellbach.

Para derogar
Diputados nacionales y de Misiones, por su parte, presentaron proyectos en rechazo y con el fin de derogar el decreto presidencial 683/18 que reforma el sistema de seguridad interior y las Fuerzas Armadas.
La oficialización del presidente Mauricio Macri de la iniciativa que prevé la incorporación de militares a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo generó controversia, debido a las dudas y cabos sueltos que dejó el documento gubernamental publicado el martes en el Boletín de la Nación. 

Rechazo en Misiones
El diputado provincial Rafael Pereyra Pigerl planteó en una iniciativa elevada a la Cámara de Diputados de Misiones que “la realidad, más simple y diferente que una supuesta definición de nuevos roles, está en que este Gobierno no pudo ni supo establecer un programa serio y plural de política de defensa ni dotar de medios adecuados a nuestras Fuerzas Armadas, como que tampoco encuentra otra vía que la manifestada para implementar sus inerciales mensajes punitivos o de judicialización del conflicto social que saben contrarios al bloque constitucional y convencional de derechos humanos”.
Además desde Nación, se explicó que a pesar de las modificaciones, los militares no pueden asumir funciones de seguridad interior. A lo sumo podrían desde el Ejército colaborar en logística y se estima, como ocurrirá en otras provincias, que apostarán efectivos en algunas fronteras como sucedería en Jujuy, Salta y Formosa.
En Misiones señalaron que este proyecto se enfrenta a una situación similar al proyecto de Escudo Norte y, para destrabar el desempeño de los militares de manera efectiva se necesita una ley del Congreso de la Nación.
“Toda una historia de violaciones de derechos humanos y de indebida exacerbaciones de potestades estatales sobre la vida y seguridad de los habitantes han sido soslayados por el Presidente para refritar en la agenda pública un tema ya rechazado por la sociedad en su conjunto”, remarca la fundamentación del proyecto provincial de Pereyra Pigerl.
Sostiene que “inmiscuir al Ejército en la seguridad interior vía la modificación de la Ley de Defensa Nacional, no hará sino reflejar en lo vernáculo, experiencias lamentables de otros países de Latinoamérica, que tienen consecuencias graves tanto por la generación de violencia como por la degradación de las mismas Fuerzas Armadas”.

Dura postura de la oposición

En la misma línea, tanto diputados nacionales kirchneristas como también del Partido Obrero presentaron proyectos de ley para buscar derogar el decreto.
En el primer caso, el escrito fue impulsado por el presidente del bloque kirchnerista Agustín Rossi (ex ministro de Defensa 2013-2015) y argumenta que la gestión de Mauricio Macri “intenta cambiar las bases sobre las que está estructurado nuestro sistema de Defensa Nacional, construido desde la recuperación democrática”.
Considera que la decisión del Gobierno es “absolutamente inconstitucional, ya que nunca un decreto reglamentario puede modificar el texto de una ley”, en referencia a la norma de Seguridad Interior que delimita los casos en los que las Fuerzas Armadas pueden actuar en suelo argentino.
Al respecto, los diputados también sostuvieron que la entrada en vigencia del decreto implicaría que el Congreso deba modificar la Ley de Defensa Nacional y la de Inteligencia Nacional, “lo que obligaría al Gobierno a pasar por el Congreso de la Nación a fin de lograr los consensos necesarios que, a nuestro criterio, no posee”, sostiene la iniciativa que tiene también como firmantes entre otros a Máximo Kirchner y Nilda Garré (también ex titular de Defensa 2005-2010).
En tanto, la diputada del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Romina Del Plá, presentó un proyecto de ley que anula el cuestionado decreto.
“El decretazo de Macri, Peña y Aguad, que habilita la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión interior, busca avanzar en un reforzamiento represivo del Estado contra los trabajadores en el marco de la enorme ofensiva anti obrera pactada con el FMI”, sostuvo la legisladora.
Y añadió: “Este nuevo decretazo le da continuidad a una política de Estado que los partidos políticos capitalistas vienen impulsando por distintas vías y que el macrismo sostuvo desde el inicio de su gestión -con el DNU de 2016 que otorgó mayor autonomía y poder a las FFAA, la intención de instalar bases de la DEA norteamericana en la provincia de Misiones o la política de ‘reconciliación’ con los militares genocidas- y antes, bajo el kirchnerismo, con la ley antiterrorista, la designación de Milani al frente del Ejército o la militarización de los barrios con la Gendarmería”.