Acosta ordenaba sospechosas detenciones y demoraba causas
Sábado 25 de junio de 2016
El sumario judicial iniciado a partir de las denuncias presentadas contra el juez de Puerto Rico, Éctor Acosta y que forma parte de las tareas preliminares encargadas al presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Menores, José Alberto López, “está muy avanzado”, según una fuente. En principio, pudo saberse de la existencia de un informe preliminar que permite echar un poco más de luz sobre las diversas denuncias que pesan sobre el magistrado investigado. Una vez concluida esa tarea, los miembros del Jurado de Enjuiciamiento deberán determinar si existen elementos suficientes para disparar el mecanismo del juicio político.
En el informe preliminar, se resumen las tareas realizadas hasta el momento, que servirían como elementos probatorios.
Para indagar sobre las diversas denuncias, López habría requerido varias documentaciones y expedientes judiciales, incluido el perfíl correspondiente del juez Éctor Acosta. Ello, además de concurrir a trabajar en terreno y tomar declaraciones en Puerto Rico, junto a sus colaboradores, tanto al personal del juzgado que administraba Acosta como a algunos afectados.
Como resultado, se habrían comprobado como graves las demoras injustificadas en la administración de justicia y hasta personas detenidas en comisarías por mucho tiempo y poca justificación, sin dictarse en algunos casos ni siquiera la prisión preventiva.
Ello, además de la sospecha de liberar mediante supuestos acuerdos particulares o cauciones, sumado a los planteos de connivencia entre el magistrado -quien continuará de licencia por otros 30 días- y el abogado Rubén Petroff.
Las denuncias
El intendente de Jardín América, Oscar Kornoski, fue el primero en denunciar en forma pública retardos de causas y una supuesta connivencia con el citado abogado local.
Luego hizo lo propio la fiscal de Instrucción Mabel del Rosario Luna, quien promovió un requerimiento de instrucción formal contra el juez Acosta y el abogado Petroff.
A su vez, desde el Colegio de Abogados de Misiones realizaron el pedido de jury contra el juez humadista, por cuestiones como demoras injustificadas en la administración de justicia.
Las autoridades del Colegio de Abogados habían logrado detectar causas retrasadas de tres a cuatro años, correspondientes en algunos casos a los años 2011 y 2012.
Ello, pese a que los abogados venían pidiendo medidas, como la prescripción contra el imputado, la restitución de vehículos secuestrados y la devolución de bienes peritados y no restituidos.
En ese sentido, entre las causales para requerir el jurado de enjuiciamiento, desde el Colegio de Abogados citaron “irregularidades en el juzgado; una mora injustificada en la respuesta al Tribunal e ineficacia porque el Juzgado de Instrucción elevó tres causas en todo el año”, en referencia al 2015, según fue informado el Superior Tribunal de Justicia.
Además, como ya informó este diario, se conoció que el libro de protocolo presentaba diversas irregularidades y alteraciones.
Luego de la investigación integral sobre el accionar del magistrado y del juzgado, tarea a cargo del citado titular de la Cámara de Apelaciones, actuarían con los informes finales los miembros del Jurado de Enjuiciamiento, que serán los encargados de determinar si existen elementos suficientes para iniciar el jury.
En el informe preliminar, se resumen las tareas realizadas hasta el momento, que servirían como elementos probatorios.
Para indagar sobre las diversas denuncias, López habría requerido varias documentaciones y expedientes judiciales, incluido el perfíl correspondiente del juez Éctor Acosta. Ello, además de concurrir a trabajar en terreno y tomar declaraciones en Puerto Rico, junto a sus colaboradores, tanto al personal del juzgado que administraba Acosta como a algunos afectados.
Ello, además de la sospecha de liberar mediante supuestos acuerdos particulares o cauciones, sumado a los planteos de connivencia entre el magistrado -quien continuará de licencia por otros 30 días- y el abogado Rubén Petroff.
Las denuncias
El intendente de Jardín América, Oscar Kornoski, fue el primero en denunciar en forma pública retardos de causas y una supuesta connivencia con el citado abogado local.
Luego hizo lo propio la fiscal de Instrucción Mabel del Rosario Luna, quien promovió un requerimiento de instrucción formal contra el juez Acosta y el abogado Petroff.
A su vez, desde el Colegio de Abogados de Misiones realizaron el pedido de jury contra el juez humadista, por cuestiones como demoras injustificadas en la administración de justicia.
Las autoridades del Colegio de Abogados habían logrado detectar causas retrasadas de tres a cuatro años, correspondientes en algunos casos a los años 2011 y 2012.
Ello, pese a que los abogados venían pidiendo medidas, como la prescripción contra el imputado, la restitución de vehículos secuestrados y la devolución de bienes peritados y no restituidos.
En ese sentido, entre las causales para requerir el jurado de enjuiciamiento, desde el Colegio de Abogados citaron “irregularidades en el juzgado; una mora injustificada en la respuesta al Tribunal e ineficacia porque el Juzgado de Instrucción elevó tres causas en todo el año”, en referencia al 2015, según fue informado el Superior Tribunal de Justicia.
Además, como ya informó este diario, se conoció que el libro de protocolo presentaba diversas irregularidades y alteraciones.
Luego de la investigación integral sobre el accionar del magistrado y del juzgado, tarea a cargo del citado titular de la Cámara de Apelaciones, actuarían con los informes finales los miembros del Jurado de Enjuiciamiento, que serán los encargados de determinar si existen elementos suficientes para iniciar el jury.
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