De forma unánime, ediles apoyaron la modificación del Código Fiscal

Viernes 29 de julio de 2016

Tras una extensa sesión ayer en el Concejo Deliberante de esta ciudad, por decisión unánime de los ediles pasó a comisión el proyecto elevado por el Ejecutivo municipal para modificar el Código Fiscal posadeño para las mediciones sobre el cálculo de la tasa de uso público del subsuelo y así exceptuar a las redes domiciliarias.
De esta manera, los ediles ratificaron ayer el compromiso de que el usuario no pague la deuda. 
Además, convocaron a una reunión extraordinaria para que las autoridades de Samsa y de la Municipalidad de Posadas brinden explicaciones sobre la modificación del cobro de la tasa por ocupación del subsuelo. El encuentro se realizará hoy a las 9.30 en el recinto deliberativo.

Asimismo, elevaron un pedido de informe al Ejecutivo municipal sobre el sistema aplicado para el cálculo de la tasa de cobro para el uso del subsuelo y además conocer el convenio o acuerdo que hay con el abogado y apoderado de la Municipalidad en temas tributarios Adrián Núñez (Ver: Polémico estudio...).
Esto luego de conocerse el freno al tarifazo previsto para el servicio de agua potable a raíz de un proceso de recálculo de los criterios de cobro, lo cual generaría una deuda de más de 100 millones de pesos cercana a los 2.000 pesos por usuario.
“Creo que se ha generado un hecho grave de confusión en el cual ni los funcionarios ni los empresarios terminan de interpretar cuál es el motivo de la controversia. Ni el Estado municipal tiene en claro de cuántos metros se están planteando, hay que empezar a generar la transparencia que tanto planteamos, jugamos a ver si estamos hablando de un tarifazo o de un impuestazo para agrandar el ingreso de las arcas municipales”, sostuvo Alejandro Velázquez, quien dejó por un momento el cargo de presidente del Concejo Deliberante y en su condición de edil fundamentó su pedido.

Debate y reforma
Con el proyecto elevado por el Ejecutivo municipal al deliberativo posadeño, busca la modificación del artículo 51 de la Ordenanza XVII-15 sancionada por el Concejo Deliberante en 2011. El Ejecutivo pretende eliminar las palabras “troncales” y “primarias” del inciso A para exceptuar del cobro del tributo a las redes domiciliarias.
Si bien la iniciativa no fue acompañada por la oposición, los ediles coincidieron en la necesidad de reformar el Código Fiscal de Posadas, por lo cual debatirán la medida en la Comisión de Hacienda desde el próximo jueves 4 de agosto.
“Si el objetivo de este proyecto es no generar un impuestazo, no entiendo por qué motivo no queda claro qué sería, o cuánto serían los caños en lo que se denomina caños troncales y primarios y qué descripción tienen porque ahí, podríamos volver a entrar en un problema de interpretación”, manifestó Velázquez.
En consonancia, el concejal Daniel Amarilla sostuvo “no seremos cómplices de ningún incremento encubierto porque si es todo transparente llama la atención que no lo sacaron por decreto, nosotros no lo íbamos a acompañar pero valoramos el gesto de someterlo a debate en el Concejo”. 
Tras su descargo, el concejal Amarilla pidió que el Expediente 2250-C16 pase a comisión “para debatir en torno a la modificación y conocer todas las posturas”.
“Hay que decirle al vecino que la empresa tiene una deuda pero que los vecinos no van a pagar por los platos rotos”, añadió.
Por su parte, el concejal por la UCR Martín Arjol reiteró que “la posición del bloque radical siempre va a ser a favor del usurario” y explicó que “hay un error o falta de estudio en las cuestiones básicas que integran un tributo”.
“La base imponible que son los metros lineales; y el hecho imponible que es la ocupación del suelo y el criterio técnico que es lo que define qué debemos entender del artículo 51 de la mencionada ordenanza”, sostuvo.
En tanto que el defensor del pueblo, Alejandro Cohen, sugirió “que debe emitirse una norma meramente interpretativa respetando el principio de igualdad, racional y capacidad contributiva en cuanto a la aplicación de esta cuestionada norma”.
A su vez indicó: “Es necesario aclarar para evitar resultados injustos, ilegales e irracionales y que afecten a la capacidad contributiva de los ciudadanos”.
“Hay dos formas de computar el tributo a través del metro lineal o por los ingresos devengados por el contribuyente. Por el principio de racionabilidad de las leyes, no puede dar lugar a interpretaciones que arrojen resultados de imposición tan disímiles e irrisoriamente distorsivos entre una y otra manera de liquidar el mismo tributo”, argumentó Cohen.

Otros pedidos
En relación a esta problemática, se aprobaron dos proyectos de comunicación del concejal Ariel Pianesi para solicitar una copia del contrato entre el Estado municipal y la empresa Samsa y otro para requerir un informe respecto de la situación laboral, contractual y de funciones que lleva adelante Adrián Núñez, que estaría a cargo del Centro Atención Tributaria y Fiscalización de la Municipalidad.

Polémico estudio jurídico

El Concejo Deliberante de Posadas aprobó ayer dos pedidos de informes que fueron elevados al Ejecutivo municipal para conocer los detalles del contrato entre el Estado municipal y el apoderado Adrián Núñez. “Nos sorprendió muchísimo el sueldo y la remuneración del abogado por parte del municipio, no terminamos de entender definitivamente cuál es su función o su responsabilidad dentro del Ejecutivo municipal, si es un simple tercero o es un funcionario o si ocupa un cargo y de qué manera lleva adelante esta tarea”, expresó el titular del deliberativo, Alejandro Velázquez. Y comparó, “si yo hago un cálculo promedio de lo que cobra un empleado o un tercero de la Municipalidad de Posadas, representa 55 o más empleados del Concejo”. En consonancia, el defensor del pueblo, Alejandro Cohen, se opuso a la contratación del costoso estudio “porque se hace extremadamente gravoso para el usuario”. “Cuando el contribuyente que es intimado concurre a abonar, primero hay que pagarle los honorarios al abogado, entonces se le está imponiendo al ciudadano que pague los honorarios al abogado y a su vez se le impone que contribuya con 670 mil pesos por mes para mantener este estudio jurídico con lo cual como defensor del pueblo me tengo que oponer”.