Para frenar el tarifazo comunal hoy sigue el debate y ediles piden informes
Miércoles 27 de julio de 2016
Sin la presencia del intendente de Posadas, comenzó en la víspera las primeras deliberaciones que continuarán hoy. Pudo saberse que arrancó en un clima de tensión que se fue aflojando, ocasión en que las partes fueron argumentando el impacto que tendría al usuario la citada modificación del cobro de la tasa de ocupación del subsuelo. En el proceso de recalcular los criterios de cobro, se generaría una deuda de más de 100 millones, que significaría una cifra cercana a los 2.000 pesos por usuario, por aplicar con retroactividad esa medida, había explicado El Territorio el pasado domingo.
Se apunta a dejar de tomar como referencia para el cobro de la tasa las cañerías de más de 200 milímetros, las troncales, tal como lo indica el contrato de concesión del servicio de agua, para pasar a tomar la totalidad de las cañerías que surcan el subsuelo capitalino. Ese nuevo calculo podría generar un aumento de hasta un 3.500 por ciento en este ítem, provocando subas en el precio final de las boletas.
Cada uno argumentó su posición durante dos horas que duró el encuentro y recién en la jornada de hoy comenzarían a analizarse los números finos.
El defensor del Pueblo adelantó que cualquier decisión que se tome “buscará que los usuarios no tengan que pagar”. Fue una de las intenciones lanzadas en la reunión, aunque no se avanzó en ningún acuerdo conjunto.
Sí pudo saberse que una de las críticas del encuentro apuntaba a que con esta medida el intendente dejaría en evidencia una clara política recaudatoria.
Lo sucedido
La citada modificación pretende ser aplicada con retroactividad a enero del 2012, y generaría una deuda de 132.670.414 pesos, que debería dividirse de forma proporcional entre los 75.536 usuarios del servicio en Posadas.
La empresa Samsa fue notificada de esta decisión el 26 de marzo pasado, pero decidió impugnar administrativamente el pedido de la comuna y no avanzar en la actualización de la tasa a los usuarios.
La impugnación de Samsa -que ingresó a la Municipalidad por mesa de entrada el 4 de mayo pasado-, fue desestimada por la comuna que siguió adelante con el proceso para exigir el pago bajo el nuevo criterio.
De la mano de Adrián Núñez, apoderado de la Municipalidad de Posadas en temas tributarios, se dispararon los mecanismos para que se aplique el nuevo criterio de cobro, y el nombrado habría comenzado acciones legales para exigirle a Samsa el pago de esa deuda, que la empresa debería trasladar a los usuarios de forma automática, según indica el contrato de concesión del servicio y las resoluciones que lo regulan.
Desde la Municipalidad niegan la existencia de este proceso, más allá de que hay documentos que demuestran lo contrario.
Por qué se paga $650 mil pesos al letrado municipal
El presidente del Concejo Deliberante de Posadas, Alejandro Velázquez, mediante un proyecto a ser tratado mañana reclama al Ejecutivo que “de manera inmediata informe qué convenio o acuerdo hay con el abogado y apoderado de la Municipalidad de Posadas en temas tributarios Adrián Núñez, que lleva a que el municipio le pague 650 mil pesos por mes”. Planteó que Núñez “no es un funcionario municipal, es un abogado privado que cuenta con cierto poder que fuera entregado por el intendente. Lo más grave que el interés no es público sino privado, porque el profesional contratado busca acrecentar su propia ganancia”, cuestionó el edil.
En tanto, el concejal radical Martín Arjol anticipó que se encuentra analizando el impacto que tendría entre los usuarios de modificarse el cobro de la tasa de ocupación del subsuelo. “Nuestra máxima preocupación es el usuario”, sostuvo ayer.Consideró que más allá de las discusiones técnicas, “la determinación es arbitraria” respecto de los cambios que pretende implementar la administración comunal. Ello, porque “las tasas las pagan los usuarios”, advirtió el concejal radical.
