Destacan el trabajo en derechos humanos en cárceles de Misiones

El conflicto de tierras en las comunidades aborígenes, la apertura del sendero en el Lote 8 en el Moconá y, el trabajo en conjunto con la Provincia por los derechos humanos en las cárceles de Misiones fueron los temas abordados por el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural, Claudio Bernardo Avruj, en entrevista con El Territorio.
La visita del funcionario a la provincia se dio en el marco de la asunción de la nueva delegada del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Norma Couto, que se realizó el último jueves en Posadas. Claudio Avruj estudió la licenciatura en organización institucional en la Universidad Bar Ilan, y desde 2007 está ligado a la actividad política en el gobierno porteño.

¿Qué opina acerca del reclamo de las comunidades aborígenes por las tierras? Hace pocos días hubo un desalojo en San Vicente...
Estamos interiorizados desde el primer momento de ese tema, tenemos dentro del área de Derechos Humanos el Inai, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, hemos trasladado desde Desarrollo Social a la esfera de Derechos Humanos porque entendemos que las personas de las comunidades son ante todo sujeto de derecho, y eso hay que respetarlo. Tenemos un seguimiento muy estricto de lo que acontece a lo largo del país con las comunidades, y el desalojo que se produjo en San Vicente días atrás lo repudiamos, porque hay una ley que está vigente y hay que respetarla. Estamos trabajando con el relevamiento de tierras pero independientemente de la existencia de la ley, nosotros siempre apostamos al diálogo y a buscar salidas consensuadas, y en este caso no ameritaba bajo ningún punto de vista el desalojo.

¿Cree que hay una deuda con las comunidades respecto a la protección de sus derechos?
La problemática con las pueblos originarios viene de  muchos siglos de atraso, tenemos que reconocer que la historia argentina tiene una deuda muy importante y que requiere, como lo hablamos con el gobernador Hugo Passalacqua, de mucha voluntad y de un diálogo franco con los lideres de las comunidades para poder encontrar las soluciones. Sabemos que el reclamo mayoritario es por las tierras, y tenemos que saber responder a la altura de nuestro tiempo. Independientemente de eso, estamos actuando, asistiendo en temas jurídicos, sociales, la semana que viene estará nuestro equipo técnico trabajando con esta comunidad.

Hace poco resurgió el debate por la apertura de un sendero en el Lote 8, dentro del Parque Moconá.
Todas estas modificaciones,  que se tienen que dar naturalmente, deben estar pensadas, consensuadas, sabiendo que siempre se generará tensiones. Pero creo que debe primar la buena fe y tratar de no poner palos en la rueda y que nadie trate de sacar un provecho diferente del objetivo principal. Si el objetivo es promover el desarrollo de las comunidades, y en este caso dar un servicio sanitario, que el desarrollo esté volcado en esa dirección.

¿Es prioridad trabajar en avanzar con el cumplimiento de las leyes que protegen a los aborígenes?
El Presidente lo planteó como una política de Estado, entendiendo que hay una deuda muy grande. Se avanzó mucho, el Plan Belgrano incluye a muchas comunidades del Norte del país, llevando el servicio de agua y electricidad. Nosotros hemos hecho tres cosas importantes dentro de la Secretaría de Derechos Humanos: por un lado, tener en nuestra órbita al Inai; por el otro lado, conformamos por decreto presidencial el Consejo Consultivo de los Pueblos Originarios, con quienes articulamos permanentemente las políticas a llevar a cabo; y además conformamos por primera vez el Consejo Federal de Políticas de Pueblos Originarios, que nuclea a los distintos funcionarios del país que están asignados a esta tarea. Son las patas para articular y llevar políticas de largo aliento y de forma permanente, que es la única forma que nos llevará al éxito.

Hace poco se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura. ¿Hay un trabajo en conjunto respecto a esta temática?
Justamente lo hemos conversado en la reunión que tuvimos con el presidente de la Legislatura, Carlos Rovira. Es un objetivo también prioritario que nos hemos puesto en nuestra agenda de derechos humanos. El mecanismo nacional contra la tortura y los mecanismos provinciales es una demanda de Naciones Unidas. En estos 18 meses, en varias oportunidades tuve que viajar a Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos a dar cuenta de los avances y retrocesos en esta política. En el año 2012 la Argentina ratificó la convención de los mecanismos de tortura, y promovió una ley pero no lo puso en  práctica.

Y ahora, respecto a esa ley que mencionó, ¿se está trabajando para su pronta aplicación?
Nosotros ahora estamos impulsándola, creemos que para fin de año ya estará en funcionamiento. Estamos impulsando que cada provincia la tenga, porque esto hace también a la calidad de vida de la sociedad. Entendemos que todas las personas que están en calidad de detención, sus derechos tienen que estar salvaguardados. Aquí en Misiones sé que se está trabajando, hay un compromiso que lo expresó Rovira que tiene que ver con la construcción de un pabellón para aquellos que son inimputables, correrlo de la población carcelaria que está en prisión de otra manera. Se está trabajando, es un camino largo, un camino que requiere muchos compromisos, pero estamos trabajando en esa dirección en todo el país. Es una necesidad y una prioridad, y es un cumplimiento que debemos dar cuenta ante Naciones Unidas.