Gobernador pidió audiencia a la Corte para oponerse al reclamo de Vidal

Domingo 13 de agosto de 2017
El Gobernador quiere dar a conocer a la Corte Suprema de Justicia las consecuencias que tendrá en la provincia.
“En defensa de los intereses de todos los misioneros”, el gobernador Hugo Passalacqua firmó un pedido de audiencia esta semana dirigida al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti. Es para dar a conocer las consecuencias que provocaría en Misiones, y otras provincias, el recorte de fondos provinciales que María Eugenia Vidal aspira se destine a su administración en la Provincia de Buenos Aires.
El mandatario provincial adelantó que el principal objetivo del encuentro con Lorenzetti es “hacerle conocer nuestra postura”. Como Passalacqua, sus pares de al menos otras 12 provincias, de  las 22 que se verían afectadas, se mostraron dispuestos a recurrir al máximo tribunal, que debería fallar si corresponde recortar parte de los recursos de coparticipación de las provincias y destinar a la provincia de Buenos Aires, como es anhelo de la gobernadora María Eugenia Vidal. Según esta última, cuenta con el apoyo del presidente de la Nación, Mauricio Macri para avanzar en ese reclamo.
Como se citó en forma previa, en la Casa de Entre Ríos, situada en el microcentro porteño, junto a otros gobernadores se había reunido Passalacqua para establecer acciones a fin de defender las arcas provinciales ante el reclamo de la mandataria bonaerense. De esta manera, estos mandatarios unificaron posiciones y propusieron gobernabilidad a cambio de frenar esta pelea.
Si los ministros de la Corte fallaran a favor del reclamo de Vidal, provincias como Misiones dejarían de percibir unos 3.000 millones de pesos por año y similar monto, unos 3.400 millones sería el recorte en Entre Ríos.
Por eso, Passalacqua había adelantado a El Territorio que estaba decidido a “defender los intereses de los misioneros”.

La demanda
La demanda legal lleva más de un año. Comenzó a principio de agosto del año pasado, cuando Vidal resolvió recurrir a la Corte Suprema de Justicia para reclamar 300.000 millones de pesos por coparticipación. Fundamentó su solicitud, alegando que de esta manera recuperaría el porcentaje de coparticipación que, sostuvo, se mantiene congelado desde 1996.
Esa suma requerida al máximo tribunal incluiría el pedido de retroactivo de los últimos cinco años, además de solicitar que Buenos Aires sea incluida en el reparto del Fondo de Infraestructura Social, que se compone del 4% de la recaudación del impuesto a las Ganancias y se reparte entre el resto de las provincias, menos Buenos Aires.
La disputa entre gobernadores, se enmarca en el llamado Fondo del Conurbano creado en 1992 para devolverle a Buenos Aires los puntos de coparticipación que había perdido en los años 80, pero que en 1996 fue congelado en 650 millones de pesos ante los reclamos de los gobernadores y se modificó la ley para ponerle un tope. En cuanto al Fondo de Infraestructura Social, fue creado para destinar el 4 por ciento del impuesto a las ganancias entre las provincias de acuerdo al índice de Necesidades Básicas Insatisfechas. Tras casi un año de litigio, a principio de junio de este año, la Corte Suprema citó a las 22 provincias a fin de defenderse en el caso iniciado por la provincia de Buenos Aires.

La Corte
El objetivo de la Corte, que se pronunció de forma unánime con los votos de Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, es que los representantes de los distritos se presenten ante el tribunal para aclarar su situación en torno a la causa iniciada por la provincia de Buenos Aires en reclamo de la coparticipación del impuesto a las Ganancias.
Se plantea que el objetivo del Estado bonaerense es que la Justicia declare inconstitucional el techo de 650.000.000 de pesos (o hasta el 10% de la recaudación) anuales para la coparticipación del impuesto a las Ganancias que le corresponde a la provincia ahora gobernada por María Eugenia Vidal. Se explica que originalmente, ese dinero se destinaba al conocido como "Fondo del Conurbano" (hoy unidad ejecutora de la cuenta especial Reconstrucción del Gran Buenos Aires, con dependencia directa del gobernador), pero los porcentajes que le corresponden a la Provincia no se actualizaron al mismo ritmo que la inflación, y eso generó que se redujera el monto del que disponía el gobierno bonaerense, por lo que llevó su reclamo a la Justicia.
Lo que surge de los pasos legales, es que la demanda ya fue contestada por el Estado Nacional y ahora corresponde la citación a las provincias. Se afirma que  la demanda se dirige contra el Estado Nacional, porque dictó la norma impugnada, y que para resguardar el derecho de defensa de las restantes provincias -en tanto las disposiciones cuya declaración de inconstitucionalidad persigue, las beneficia- solicita que se las cite a comparecer en el pleito como terceros.
Además como primera medida había solicitado una medida cautelar por la que el Tribunal suspenda la aplicación del tope de  650.000.000 pesos anuales del impuesto a las ganancias o que, en subsidio, se permita a la Provincia de Buenos Aires participar, en iguales condiciones que las demás provincias, del excedente.

Las provincias
Lo cierto es que el Estado Nacional al no ser beneficiario de los montos que se reclama, debería ser las restantes provincias las que tendrían que ceder parte de su coparticipación.
De esta manera, las provincias son las que deberían hacer el sacrificio de desprenderse de sus recursos y además, con ello se blanquearía la metodología de fondos extraordinarios que se le distribuye a la provincia de Buenos Aires. Se conocen de los recursos otorgados, por momentos ilimitados y ahora, de esta manera lo regularizaría. Pero claramente la cuestión no sería tan sencilla. Una docena de gobernadores se juntaron para avanzar en los reclamos. Están decididos a pelear jurídicamente por los recursos, en especial provincias como Misiones que sufrieron recortes históricos de coparticipación y siempre relegados.
Para plantear algunas de estas realidades, Passalacqua fue uno de los primeros en solicitar audiencia con el ministro Lorenzetti. Similar pedido harían otras provincias, es lo que al menos habían acordado en la reunión de gobernadores.

Un antecedente
A principio de este año, en oportunidad de debatirse una posible modificación del reparto de los recursos federales, Misiones había reclamado la recomposición de su índice de coparticipación, que junto a otras provincias como La Rioja, cedieron el 30% de sus recursos para conformar el Fondo del Conurbano Bonaerense que benefició a la provincia de Buenos Aires en el año 1988.


Las provincias citadas por la Corte El máximo tribunal citó a las provincias de Catamarca, Córdoba, Corrientes, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.


Una discusión histórica que ya lleva más de 30 años El tema claramente no es nuevo y la discusión ya lleva 30 años. Fueron justamente en las elecciones a gobernador que tuvieron lugar en la Provincia de Buenos Aires en el año 1987, cuando se comenzó a considerar la necesidad de dar un tratamiento a la problemática estructural del Conurbano Bonaerense, que representa la trama urbana continua que rodea a la Capital Federal e integrada por los 19 partidos bonaerenses, donde argumentan el crecimiento poblacional y el aumento de las necesidades básicas insatisfechas. Con ello, se había creado el llamado Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense y a partir de allí, comenzó a tener un tope de 650.000.000 anuales.
Ahora se cuestiona, que la fijación de ese tope termina perjudicado a la administración de Vidal y que el excedente termina beneficiando al resto de las jurisdicciones provinciales, además de verse beneficiados provincias como Santa Fe o Córdoba. Finalmente plantea la necesidad de revisar la validez de la norma impugnada, porque han transcurrido más de 20 años desde su vigencia, y a lo largo del tiempo ha quedado demostrado que se produjo un efecto contrario al que se persiguió con su promulgación.