Las causas contra dos jueces, paralizadas

Aún no llegó a manos del procurador de Misiones la demanda de enjuiciamiento contra los jueces de Puerto Rico, Éctor Acosta, y de Puerto Iguazú, Ricardo Rubén Gerometta.

Esta paralización temporal de la causa -advierten-, terminaría beneficiando al juez Acosta, quien está en uso de licencia médica y de prolongarse la falta de resolución judicial, podría acceder a la jubilación con todos los beneficios.

Ambas denuncias contra los citados magistrados fueron formuladas por el Colegio de Abogados de Misiones. Las acusaciones contra el juez humadista Éctor (sin hache) Acosta como Gerometta, están a punto de cumplir un año. Se habían elevado tales denuncias en el mes de mayo del año pasado.

El Colegio de Abogados había presentado el pedido de jury contra Éctor Acosta, planteando -entre otras cuestiones- demoras injustificadas en la administración de justicia, a tal punto que durante el 2015 sólo terminó elevando tres causas para el juicio correspondiente. Se conoció además que el libro de protocolo presentaba diversas irregularidades y alteraciones, entre otros puntos turbios.

En tanto, en Puerto Iguazú, primero fueron los abogados de esa localidad los que plantearon lo que sucede en esa jurisdicción con las causas que manejaba el juez civil Ricardo Gerometta.

Luego desde el Colegio de Abogados, advirtieron que por razones de salud estaba retrasando las causas. Ante esta situación, también pidieron que sea evaluado por el Jurado de Enjuiciamiento, porque "el actual estado de salud del juez Gerometta le impide el ejercicio de la magistratura", plantearon desde el Colegio, al requerir el jury.

Laguna jurídica
Sobre ambas causas, el presidente del Colegio de Abogados, Ernesto Rubén Báez, indicó ayer a El Territorio que "el proceso tanto del juez penal de Puerto Rico como el de Iguazú quedó en la etapa previa a la acusación del procurador de la provincia".

Según explicó en esa etapa previa, "la ley de jurado de enjuiciamiento tiene una laguna normativa; porque no le impone ningún plazo al jurado para expedirse".

Por lo tanto, indicó que es en esa etapa previa, "donde quedan dormido los jurys, si así se decide". Lo previo, al indicar que una vez que se le corre traslado al procurador, éste debe actuar en consecuencia. Es decir, de dispararse el mecanismo de jury, en un período de 60 días, el procurador general de Misiones, Miguel Ángel Piñeiro, debería realizar la acusación y los magistrados tendrán oportunidad de las correspondientes defensas.

Y finalmente, todo debe definirse en audiencia pública en un plazo similar de 60 días.
Lo que preocupa al Colegio de Abogados es que desde que comenzó el año judicial "sigue en el mismo estado procesal".

Desde esta entidad, también recordaron que como denunciantes no tienen otra participación, más que pedir que se activen estas causas.