Intendente y jefe policial, a juicio por trata de personas

El intendente de la localidad pampeana Lonquimay, Luis Rogers, será sometido desde hoy a juicio oral y público, acusado de trata de personas para explotación sexual, por proteger y permitir el funcionamiento de un prostíbulo.
El Tribunal Oral Federal de Santa Rosa, integrado por los jueces Mario Triputti, Marcos Aguerrido y Pablo Díaz Lacava, también juzgará por el mismo delito al ex subcomisario Carlos Alaníz, responsable de la seccional policial de la localidad ubicada 67 kilómetros al este de Santa Rosa.
El juicio, en el que intervendrá el fiscal Jorge Bonvehi, también alcanzará a Carlos Eduardo Fernández, dueño del prostíbulo, y a Eduardo Mauricio Fernández y Brian Martín Saxs, quienes se desempeñaban como encargados.
Rogers está acusado de proteger el funcionamiento del prostíbulo "Good Night", en el que la investigación mostró se registraba explotación sexual de mujeres.
El intendente, que otorgó la habilitación bajo el rubro "servicios de salones de baile" y firmó las libretas sanitarias de las mujeres sometidas a prostitución, defendió públicamente las actividades en el prostíbulo.
La investigación indicó que el ex subcomisario de Lonquimay conocía la situación de las mujeres en el cabaret y refrendó acusaciones por parte de una víctima que denunció amenazas de parte del dueño del local, Carlos Eduardo Fernández.
La Justicia constató la relación fluida entre ellos, reflejada no sólo en los dichos de las testigos, sino también documentada a través de las comunicaciones telefónicas.
La instrucción de la causa estuvo a cargo del fiscal Juan Baric, con la colaboración de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex).
Rogers, cuando se hizo pública su vinculación con el prostíbulo, dijo que "el cabaret es un lugar de esparcimiento para los jóvenes y camioneros. Es un lugar de contención, mucha gente que está sola, lejos de sus domicilios, busca pasar un rato de esparcimiento".
Y, sostuvo en esa oportunidad que no encontraba motivos para cerrar el prostíbulo, a pesar de las denuncias registradas ante el Inadi y la secretaría de Derechos Humanos de la provincia.
La investigación comenzó en 2009 a raíz de denuncias que derivaron en el allanamiento del prostíbulo el 28 de octubre.
La causa se inició el 4 de julio de 2009, cuando el jefe de la Brigada de Investigaciones pidió la intervención del teléfono de Fernández, por presuntas irregularidades en su local.