Guerreño, directora del observatorio.
Eduardo Paredes, Proyecto Inocencia. | Foto: Facundo Correa

El observatorio de PP y Proyecto Inocencia con el foco en Misiones

Domingo 6 de noviembre de 2016
POSADAS.  

“Es mejor un delincuente libre, que un inocente preso”, dicen que es el leitmotiv de los operadores judiciales. Sin embargo, la realidad es que en la actualidad existe un importante número de personas que permanecen durante extensos períodos procesados con la prisión preventiva pero sin sentencia en su contra y, en el peor de los casos, imputados que fueron condenados sin pruebas contundentes. Misiones tampoco escapa a esta problemática.
En este contexto, en el país existen actualmente dos corrientes que hicieron punta en el tratamiento de esta situación. Uno de ellos es el Proyecto Inocencia y el otro es la Asociación de Pensamiento Penal (PP), los cuales en el último tiempo desembarcaron en la provincia para irradiar sus ideas en el foro local.
El primero de ellos surgió en Estados Unidos y llegó a la Argentina como una franquicia de la mano del cineasta Enrique Piñeyro, director de la película El Rati Horror Show, basada en la historia de Fernando Carrera, injustamente condenado por la masacre de Pompeya.
El segundo es una asociación sin fines de lucro conformada por profesionales de distintos ámbitos, donde además, con visiones más ambiciosas, impulsan y difunden ideas para contribuir en los procesos de reforma del sistema judicial a lo largo y ancho del país.
En Misiones, el referente del Proyecto Inocencia es el abogado penalista Eduardo Paredes, quien dialogó con El Territorio y explicó que "el proyecto se dedica a una sola cosa: trabaja sobre condenas erradas, cuando hay inocentes presos. Así como el caso Carrera, se detectaron dos o tres más en Misiones, donde el proyecto trabaja con alumnos universitarios que son los que hacen el trabajo de campo y luego un comité interviene en la causa”.
Para Paredes, la situación es compleja en todo el país, pero hace una consideración especial con el caso Misiones, donde mantiene un rol activo como abogado defensor en distintas causas. “Las cárceles tienen un montón de inocentes presos. Y otro tema también que es que los estados no reconocen que hay inocentes presos y no establece un modo de control de lo que hizo el Poder Judicial. Se cree que el Poder Judicial se controla así mismo y eso es falso. Se condena sin pruebas y en Misiones eso es muy reiterativo”.
Y para graficar su opinión, Paredes sostuvo que “la realidad es que cuanto más tiempo estés detenido, las posibilidades de absolución son mínimas, porque el sistema te condena por el mismo hecho de que estuviste mucho tiempo preso. Mucho tiempo detenido es casi certeza de condena. Y eso se da por el modelo judicial que tenemos, el Tribunal lo único que hace es ratificar lo que hizo la instrucción. Casi todos los juicios son solamente una puesta en escena para una condena”.
Como una de las propuestas para impulsar una mejora en el sistema, el letrado aseguró que lo conveniente sería cambiar el “modelo de juez”. Paredes sostuvo que “tienen que tener un apego constitucional más serio, más verdadero, no meramente declamativo. Inclusive hay que ir a un proceso acusatorio, que si el imputado quiere, que lo juzguen personas comunes. Nuestro sistema (por Misiones), al ser corporativo, son cuatro, cinco, y se conocen todos y terminan confirmando todo lo que hacen. Y la verdad es que las personas están en estado de indefensión”.

El riesgo del dedo acusador
La Justicia misionera también está en la mira del Observatorio de Prácticas del Sistema Penal, que es un espacio de la Asociación de Pensamiento Penal (PP), que comenzó para visibilizar aspectos positivos y negativos del sistema, pero luego terminó convirtiéndose en una herramienta para intervenir en determinados casos.
En este contexto, el observatorio intervino en dos casos particulares ocurridos en Misiones. Uno de ellos es el de Cristina Vázquez (condenada a prisión perpetua en 2010 por el homicidio de Ersélida Dávalos de Insaurralde) y la causa conocida como Los Transportistas, en la que Fabio Durán y Lucía del Carmen Olmos recibieron 20 años de cárcel por el delito de abuso sexual en perjuicio de dos menores que llevaban en un transporte escolar.
"Cuando empezamos a interiorizarnos, a estudiar las causas nos dimos cuenta que eran compendios de malas prácticas y eso nos llevó a un lugar que nos llamó a la acción, porque no podíamos quedarnos de brazos cruzados ante tamaña irregularidad”, aseguró Indiana Guerreño, directora del observatorio, en el marco de la inauguración del “capítulo misionero” de Pensamiento Penal en las instalaciones del Colegio de Abogados de la provincia.
En la continuidad de su exposición, Guerreño dejó en claro algunos aspectos clave que el observatorio encontró en las causas con sentencias, cuánto menos polémicas. La letrada  explicó que en ambos casos el gabinete multidisplinario que trabaja con ella encontró cuatro patrones que, según ellos, llevaron a inocentes a la cárcel.
“En estas causas encontramos cuatro patrones preocupantes que se van repitiendo a lo largo y ancho del país que producen una degradación del principio de inocencia. Producto de malas prácticas de los operadores del sistema, este principio se invierte porque cuando una persona está acusada de un delito se presume su culpabilidad, se la trata como culpable y es la propia persona la que tiene que decir por todos los medios que es inocente”, sostuvo Guerreño.
De manera detallada, la letrada enumeró los patrones encontrados. El primero es la negligencia en la investigación, que es cuando la pesquisa registra pruebas científicas mal realizadas, cuando no se avanza sobre otras hipótesis y, principalmente, cuando parten desde rumores y nada concreto, lo cual es muy peligroso ya que “todos estamos sujetos a que alguien nos levante el dedo acusador y terminemos encarcelados”.
El segundo punto mencionado por la directora de la entidad corresponde a las sentencias condenatorias arbitrarias. En este aspecto, Guerreño sostiene que se da cuando “teniendo pruebas científicas de que no son los autores del hecho, éstas son descartadas o ni tenidas en cuenta. Cuando se prejuzga a la gente y no al delito”.
Los últimos dos patrones encontrados son los obstáculos en la defensa y las prisiones preventivas prolongadas, sobre el cual fue especialmente contundente, al manifestar que “el Estado está encerrando para investigar, en vez de hacer al revés. La gente está cumpliendo penas anticipadas por algo que no cometió o por algo que el Estado todavía no le probó”.

Cambio de modelo
Desde la Asociación de Pensamiento Penal también avanzan sobre la modificación del sistema judicial y penal actual y, con respecto a Misiones, adhieren a la necesidad de la reforma procesal en la provincia.
Ese cambio que impulsan es el pasar de un sistema meramente inquisitivo como el que rige actualmente en Misiones hacia un sistema acusatorio, tal como lo hicieron Buenos Aires y Chaco, que fueron las primeras provincias en acceder a la reforma.
El principal referente de PP es Mario Juliano, juez del Tribunal en lo Criminal 1 de Necochea, Buenos Aires. Durante esta semana también estuvo en Posadas y remarcó ciertos puntos que hay a modificar para poder garantizar procesos constitucionales para las personas implicadas con algún delito.
Para Juliano es “necesario un cambio del diseño institucional”, pero para llevar un verdadero proceso constitucional los actuales operadores de Justicia tienen que garantizar las reglas del debido proceso y la imparcialidad.
Al respecto, planteó un desafío: “Cuando los jueces están preguntando de modo indebido, tomando partido en debates, los abogados deben hacer la objeción. De ningún modo el juez puede dirigir un interrogatorio. Son las formas y los modos para poder avanzar hacia un cambio de proceso, para exigir y reclamar en este sentido”.
En un tono más crítico y planteándolo desde su propia condición de juez, Juliano reconoció que “estamos en un punto en el que el proceso penal no da satisfacción a la sociedad. Ni a las personas sometidas a proceso, ni a las damnificadas por el delito. Aquí tenemos una asignatura pendiente y creo que si desde el mundo de las garantías no tendemos un puente hacia las víctimas para restablecer e inaugurar un diálogo diferente no vamos a lograr la satisfacción de los procesos”.
Para el magistrado, otros de los desafíos es demostrar la existencia de otras alternativas a la prisión. “Debemos preservar la prisión para los delitos más graves. Hay otros caminos y para transitar estos caminos menos violentos necesitamos restituirle el conflicto a sus protagonistas, porque si no ocurre lo que estamos viviendo todos los días, que muchas víctimas salen disparados a los peores lugares, a los lugares del autoritarismo y a los discursos facilistas. Hay que encontrar soluciones más constructivas y más edificables”.

Por Jorge Posdeley
fojacero@elterritorio.com.ar

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