La Municipalidad posadeña provocaría un tarifazo en el servicio de agua

Una decisión de la administración fiscal de la Municipalidad de Posadas, que busca mejorar los ingresos en sus arcas, provocaría un tarifazo en el servicio de agua potable y cloacas para los usuarios capitalinos, además de generar una deuda cercana a los 2.000 pesos por usuario, por aplicar con retroactividad esa medida. De forma imprevista, la comuna decidió modificar el criterio con el que desde hace 17 años se calcula la tasa de ocupación del subsuelo, que se paga a través de las boletas de los servicios que brinda la empresa Samsa.
El cambio de criterios en el calculo podría generar un aumento de hasta un 3.500 por ciento en este ítem, provocando subas de hasta un 70 por ciento en el precio final de las boletas, según el caso.
Esta modificación pretende ser aplicada con retroactividad a enero del 2012, y así generaría una deuda de 132.670.414 pesos, que debería dividirse de forma proporcional entre los 75.536 usuarios del servicio en Posadas, y así cada uno pagaría cerca de 2.000 pesos por ese carácter retroactivo.
La empresa Samsa fue notificada de esta decisión en marzo pasado, pero decidió impugnar administrativamente el pedido de la comuna y no avanzar en la actualización de la tasa a los usuarios.
En este marco, fuentes bien informadas indicaron a este medio que de la mano de Adrián Núñez, apoderado de la Municipalidad de Posadas en temas tributarios, ya se dispararon los mecanismos para que se aplique su nuevo criterio de cobro, y el propio apoderado habría comenzado acciones legales para exigirle a Samsa el pago de esa deuda, que la empresa debería trasladarle a los usuarios de forma automática.
Sin embargo, consultado por este medio, Núñez negó saber del tema, afirmando: "No tengo conocimiento de ninguna deuda, no puedo hacer ningún tipo de proyección porque no tengo conocimiento sobre el tema".  Y recomendó consultar al respecto a algún miembro del Ejecutivo como en la secretaria de Gobierno, la de Hacienda o Rentas de la comuna, que serían las responsables del reclamo. Fuentes del Ejecutivo dijeron desconocer el proceso de cobro de esa deuda.

El rechazo
Desde Samsa rechazaron la medida por considerarla “absurda e incongruente” y presentaron la impugnación del pedido ante la Municipalidad. Además, dieron cuenta de la situación al Ente Provincial Regulador de Aguas  y Cloacas (Eprac), que tampoco está de acuerdo con la decisión de la comuna, debido al impacto que tendría en el bolsillo de los usuarios.
Christian Hilbert, gerente de  Samsa, afirmó que “la decisión de la Municipalidad de cambiar el criterio para el cobro de la tasa repercute de lleno en el bolsillo del usuario, provocando incluso que en algunos casos el pago de esa tasa sea más alto que lo que se va a pagar por el consumo de agua. Es desmedido. Esto sin contar que además el usuario tendrá que pagar la deuda que reclama la Municipalidad”.
Por su parte, José Guccione, titular del Eprac, explicó que desde el ente “no vamos a avalar una modificación de este tipo en las tasas, por el impacto que representaría para el usuario”.
El funcionario provincial indicó que supo de la existencia de esta deuda por un aviso de la empresa prestataria del servicio, y que preocupado por la situación solicitó, con carácter urgente, una reunión con el intendente Joaquín Losada, con el objetivo de tratar el tema y buscar la manera de frenar este golpe al bolsillo de los posadeños.
De momento, el jefe comunal no le respondió el pedido.

Cambiar criterios
En marzo de 1999, la Municipalidad dispuso comenzar con el cobro de la Tasa Municipal por Ocupación del Subsuelo, que sería pagada por los usuarios del servicio, teniendo como ente recaudador a quien presta dicho servicio. Así, en julio de ese mismo año, la empresa Samsa se transforma en el ente recaudador de esa tasa.
En aquel año, y ante la falta de posibilidades técnicas para determinar de  manera exacta la cantidad de cañerías que tenía la prestataria del servicio, la Municipalidad decidió tomar como base imponible la cantidad de metros lineales de cañerías iguales o mayores a 200 milímetros de diámetro. Esto es, la llamada red troncal del servicio. En ese entonces se estableció como precio para esto 20 centavos por metro de caño. Este valor se actualizó al ritmo de la inflación. El sistema se mantuvo hasta estos días, habiendo sido revisado y ratificado en una ocasión. Hilbert explicó a este medio que “en 2003 la Municipalidad realizó una inspección sobre este criterio porque no estaba conforme. Y luego de inspeccionar decidió volver a avalarlo porque estaba en lo correcto”.
Pero a pocos meses de asumir Joaquín Losada la conducción de la comuna, decidió que este criterio no era el adecuado, y por ello lo cambió imponiendo el propio, provocando un aumento exorbitante, y por hacerlo en retroactivo genera una deuda de miles de pesos a cada usuario.
El cambio que impone la comuna consiste en pasar de calcular la tasa sobre los caños maestros a hacerlo sobre la totalidad de las cañerías, troncales y domiciliarias, de un tercio de la ciudad, tercio elegido a dedo por la administración. Así, se pasa de calcular la tasa sobre 62.395 metros de cañería a calcularla sobre  623.080,18 metros de cañería. Este cambio llevaría a que un usuario promedio pase de  pagar una tasa de 1,2 pesos a una de  casi 50 pesos mensuales, aumentando así la boleta del servicio e incluso poniendo el costo de la tasa por arriba del costo de consumo. “En una boleta de 80 pesos, un vecino pagaría 43 pesos de tasa y 37 pesos de agua y otros impuestos”, explicaron desde Samsa.

Criterio mal aplicado
Pero este nuevo criterio propuesto por la comuna, está a la vez mal aplicado por la propia comuna. Es que se fija como base imponible 623.080,18 metros de cañería, cuando en realidad habría un total de  2.563.131 metros de cañerías, lo que generaría un valor de la tasa aún más exorbitante, y una deuda de los usuarios con la municipalidad de 618.673.449 millones de pesos, que dividido por los 75.536 usuarios del servicio, le dejaría a cada uno una deuda de 8.190 pesos con el ente recaudador municipal.
La nueva tasa está en vigencia desde marzo, pero Samsa, con el aval del Eprac, frenó el cobro. El titular del ente provincial, en tanto, espera reunirse de forma urgente con el jefe comunal para darle una salida al tema, sin que el bolsillo de los usuarios posadeños sufra el embate de un aumento que puede ser considerado confiscatorio, por lo exorbitante.


El cobrador de las grandes deudas municipales
POSADAS. Adrián Núñez es el apoderado de la Municipalidad de Posadas en temas tributarios, además de procurador fiscal de la Fiscalía de Estado de la Provincia. Pero más puntualmente es el encargado de determinar las deudas de las tasas de comercio y de las llamadas grandes tasas, en las que se incluyen las que se cobran por el uso del espacio aéreo (relacionadas al cableado)  y las del uso del subsuelo (relacionadas con cañerías principalmente), que son las que generarían el tarifazo a los usuarios del sistema de agua  y cloacas de la capital provincial.
Núñez ingresó a la Municipalidad en 2012, bajo la intendencia de Orlando Franco, y se mantiene aún hoy al frente del Centro de Atención Tributaria y Fiscalización de la comuna.
Lo hace no como funcionario sino bajo un contrato de dos años de duración, que tendrá su vencimiento el próximo año. Contrato que en sus primeros años fijaba como pago un porcentaje por las deudas cobradas, pero la suma era tal que lo que se debía abonar por sus servicios era exorbitante. Ante esto, la comuna decidió modificar las condiciones de pago y hoy cumple la función cobrando una suma fija mensual, cercana a los 650.000 pesos, actualizables según los cambios de las unidades tributarias municipales.
Núñez es sindicado por gente cercana a la comuna como el ideólogo del sistema que desde 2013 implementa el municipio para determinar deudas y cobrarlas, sistema que según indican es la base financiera de la Municipalidad.
Fuentes cercanas a la comuna aseguran que, en el afán de recaudar y ante la necesidades financieras crecientes, Núñez decidió avanzar en la determinación y el cobro de una supuesta deuda que fue varias veces discutida entre Samsa y la Municipalidad, discusión en la que siempre primó la cordura y se llegaron a acuerdos que no afectaban duramente al bolsillo de los usuarios, contrariamente a lo que sucedería ahora.