La historia clínica remitida desde el hospital habría sido adulterada
miércoles 16 de mayo de 2018 | 8:35hs.
La historia clínica remitida desde el hospital habría sido adulterada
Contrario a lo que se esperaba, la sentencia del debate oral por la muerte durante el parto del bebé Juan Pedro Ayala, en el hospital público de Jardín América hace alrededor de seis años, finalmente no se emitió ayer al mediodía.
Es que el titular del tribunal unipersonal de Puerto Rico, Osvaldo Rubén Lunge, a última hora del lunes decidió hacer lugar a un pedido del fiscal, Jorge Federico Fernández, sobre la concreción de una serie de medidas tendientes a ampliar el marco probatorio que ayudará a decidir el fallo más justo para el caso.
Tiene que ver, principalmente, con el sorpresivo allanamiento que se concretó en el nosocomio de dicha localidad. La comitiva judicial y policial incautó la historia clínica original de la denunciante y madre del pequeño fallecido, Ramona Coceres (46), como también los documentos resultantes del procedimiento médico que se realizó antes, durante y después del parto, relacionado con la criatura.
Lo primero se relaciona con que al principio de la instrucción, ante el requerimiento judicial fueron remitidas copias certificadas que, se sospecha, habrían sido adulteradas o al menos eso quedó en evidencia con las diferencias que aparecieron cuando se cotejaron con una copia aportada por la damnificada.
Por eso, los documentos originales incautados serán comparados con los remitidos inicialmente, lo que de confirmar irregularidades, podría dar lugar al inicio de una causa paralela con imputaciones a los responsables de cometer los delitos de encubrimiento y adulteración de documentos oficiales.
Pero, más allá de eso, durante todo el tiempo que duró la instrucción, jamás fue remitida la historia clínica del recién nacido, desde los controles hasta el parto. El argumento era que no la encontraban, pero en el despliegue judicial fue incautada, por lo que en la víspera se entregaron copias a la parte acusada para que las analice, sin que eso otorgue posibilidad de modificar la imputación o el pedido de condena hecha por el fiscal.
Investigación defectuosa
La ampliación del marco probatorio previo al dictamen de la sentencia que podría inhabilitar a la doctora María Gabriela Rabán, se dio ante las innumerables falencias cometidas durante la investigación, tanto de parte de los investigadores policiales como del por entonces juez penal de Puerto Rico, Éctor Acosta.
Prueba de ello es que, ante la gravedad de la denuncia que radicó Coceres alrededor de un mes después del deceso, ni siquiera ordenó la realización de una autopsia, por lo que no se sabe con rigor científico qué motivó la muerte del recién nacido, si fue como consecuencia de un mal procedimiento o si la profesional médica imputada realmente hizo “todo lo humanamente posible”, tal como ella mismo declaró.
La defensa de la médica Rabán, a cargo de los abogados particulares Horacio Noguera y Elizabeth Auras, pidió la absolución por el beneficio de la duda, en tanto que el fiscal mantuvo la postura de condenar a la profesional con doce meses de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para ejercer la profesión, tanto en el ámbito público como privado.
Rabán es la única acusada por el delito de negligencia por omisión, encuadrado en el artículo 84 del Código Penal de la Nación. El martes 29, a las 9, continuará el debate oral.
Fin de semana de sufrimiento
De acuerdo a la secuencia denunciada por Coceres, cuando llegó con contracciones al nosocomio, la mañana del 28 de septiembre de 2012, fue atendida inicialmente por el doctor Ballena, a cargo de la guardia. Cuando éste culminó su tarea, le pasó sus pacientes a la doctora Rabán, que debía hacer seguimiento, pero al amanecer del día siguiente Coceres refirió fuertes dolores abdominales como consecuencia presunta de la medicación que recibió, que habría provocado expulsión de líquido amniótico y se cree que en ese contexto se produjo la muerte del recién nacido, el domingo 30.
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