#InformeDeDomingo: Inimputables

Durante décadas fueron números. Simples objetos con códigos invisibles tatuados sobre sus frentes. Los locos. Los que ni siquiera sus familias visitan (como hasta ahora) y sobrevivían el abandono a instancias de la caridad que -aunque no lo crea- también asoma intramuros.

Los eternos olvidados de un sistema judicial que siguiendo el tajante Código Penal Argentino, por años, los alojó en el 'manicomio' sugerido en el artículo 34, pero para hacerlo parecer menos chocante lo definieron 'pabellón de inimputables'.

Son misioneros que cometieron asesinatos, violaciones, además de otros crímenes aberrantes, y ahí están, privados de su libertad por la correcta aplicación de la ley, pero a su vez, presos de sus propias cabezas.

Nunca entendieron qué hicieron, porque sus atrofiadas mentes ni siquiera les permiten comprender la criminalidad de sus actos, ni darse cuenta de dónde están o por qué los tienen encerrados, pero desde hace un tiempo, finalmente, desaparecieron los prejuicios y comenzaron a ser tratados como lo que realmente son: personas enfermas que requieren atención médica y psiquiátrica para poder sobrellevar sus limitaciones sin sobresaltos.

Este informe se relaciona con la situación pasada, actual y también futura de los 43 detenidos inimputables que están alojados en la Unidad Penal Uno de Loreto, único en Misiones con espacio para ellos. No es adecuado, de acuerdo a la Ley Nacional de Salud Mental (2010), pero funciona transitoriamente hasta que se construya el centro de atención de personas con este tipo de patologías que suponen desde organismos oficiales, estaría concluido a fines del año próximo, siendo óptimo para favorecer su desarrollo e inclusión social.

Mientras tanto, un trabajo profundo y coordinado entre el Poder Judicial, el Servicio Penitenciario Provincial (SPP) -que responde al Ministerio de Gobierno- e involucra también a la recientemente creada Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, los rescató del olvido y mejoró bastante sus condiciones. Hoy no son números.

Cómo se declara la inimputabilidad
Para declarar la inimputabilidad de una persona que cometió un delito, existe un proceso que se inicia con un examen médico físico (de rutina, como a cualquier detenido) y culmina con la minuciosa evaluación de una junta médica creada para tal efecto, que determinará si el acusado no responde a los parámetros normales de punibilidad.

De acuerdo al artículo 34 del Código Penal, para que una persona sea punible tiene que conocer y entender la criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones. “A los que tienen problemas mentales mal se lo puede someter a un proceso penal si se advierte que no comprendió la criminalidad de sus actos y, en consecuencia, no dirigió sus acciones. En el caso de los ilícitos, cuando se priva de la libertad a una persona que tiene alteradas sus facultades psíquicas, se lo debe someter a un régimen distinto al que prevé la reglamentación en relación a las demás personas”, explicó a El Territorio la ex fiscal general del Tribunal Penal Uno de Posadas y ahora ministra del Superior Tribunal de Justicia de Misiones Liliana Picazo.

Pero lejos de lo que mucha gente supone, la declaración de inimputabilidad de quien ha cometido un delito suele ser una vía hacia el mayor de los castigos y no hacia la impunidad, porque el Código Penal actual le deja al juez un margen de discrecionalidad absoluta para disponer la internación (encierro) de la persona en un manicomio sin límite de tiempo y más allá del tipo de delito en cuestión. La única indicación del texto vigente es que esa internación sólo puede concluir si un examen de peritos determina que ha desaparecido el peligro de que el enfermo se dañe a sí mismo o a los demás.

“Nosotros estamos obligados a que el tiempo los mejore o los estabilice y si es así, se los puede liberar con responsabilidad en cabeza de alguien, siempre que no sean peligrosos para sí y para terceros. Ese es el dato que les tienen que dar a los jueces para que decidan, aunque ellos son soberanos en sus decisiones más allá de lo que digan los médicos”, subrayó Picazo.

Sucede que como los inimputables de Loreto son de escasos recursos, ese momento nunca llega o si llega, el riesgo de que cometa nuevos delitos está siempre latente.

Un caso testigo sucedió en Posadas en 1992. Emilio Fabián Fernández, alias Tazmania, violó y mató a una compañera de tragos, fue detenido y en 1994 lo declararon inimputable. En 2001 logró salir de Loreto a instancias de un hermano que prometió hacerse cargo, pero no fue así, ya que en 2004 violó y mató a Rafael Lorenzo Saravia, de 3 años.

Los peritos del Cuerpo Médico Forense coincidieron que la oligofrenia (cuadro de Tazmania) era irreversible y presentaba la maduración mental de un chico de cinco años que, sumado a su adicción al alcohol, lo convertía en una persona peligrosa. Regresó al mismo sitio, pero cargando otra muerte sobre su espalda.

Principio del cambio
Hace algunos años, cuando todavía era fiscal general, la funcionaria judicial mantuvo un encuentro informal con el Gobernador de Misiones, en el cual le resumió con crudeza la situación de los inimputables en la provincia.

“Se tiró para atrás, sorprendido”, recordó ahora Picazo sobre la reacción del mandatario ante el crudo ejemplo que mencionó y utilizó como herramienta para visibilizar la situación que la preocupaba y, en paralelo, de involucrarlo a hacer algo. ¿El resultado? “Fue superador”, dijo.

En Misiones, el denominado sector judicial del hospital psiquiátrico que funcionaba adyacente al centro de salud Pedro Baliña alojó a los inimputables hasta 1981, cuando un incendio provocado intencionalmente por uno de los internos obligó el traslado a Loreto. Desde entonces son atendidos en ese espacio, debido a que no existen instituciones con adecuada calidad de gestión para casos de personas peligrosas y con capacidades mentales alteradas, como ellos.

Quienes se relacionan diariamente con estos internos describieron que la inestabilidad psíquica que padecen hace que pierdan la noción del tiempo, que no diferencien el frío del calor o que, por ejemplo, no sientan necesidad de tomar agua aunque deben hacerlo. Tampoco se bañan solos y se autolesionan cada vez que pueden. Rompen colchones y algunas veces hasta llegaron a comerlos e incluso en oportunidades mancharon las paredes con materia fecal.

“Es una tarea humanitaria más que de seguridad, que involucra a los celadores, pero también a otros internos en fase de confianza, que ayudan a bañarlos, a atenderlos diariamente. El contacto personal con ellos es una tarea titánica que se repite, en la mayoría de los casos, sin avances en cuanto a la recuperación”, describió la alcaide general Nilda Correa, directora del SPP.

Espacio único en marcha
Dicho trabajo consensuado dio lugar a una salida que cambiará de manera definitiva la situación de los inimputables y tiene que ver con la construcción del centro de atención para enfermos mentales en el predio del hospital Ramón Carrillo.

Será creado en consonancia con lo que sugiere la nueva Ley Nacional de Salud Mental (2010), que además establece lineamientos para el tratamiento de esas patologías, promoviendo modificaciones en el campo profesional con el objetivo claro de respetar los derechos humanos de personas con padecimiento mental grave, favoreciendo su inclusión en la sociedad.

El nuevo complejo cumplirá esas premisas. Su construcción, finalmente, se definió a mediados del año pasado, luego de una férrea resistencia de parte de empleados del Carrillo e incluso vecinos, que se negaban a recibir a los internos en ese lugar a pesar de que estarán en otra estructura edilicia acondicionada para contenerlos.

Picazo destacó que “partiendo de la base de que las familias no pueden hacerse cargo, empezamos un trabajo difícil de consensuar entre los tres poderes del Estado en un camino único. Por suerte tuvimos respuesta de todos los actores y logramos cerrar el año pasado con un proyecto superador que significa, concretamente, que en un mes comenzarán a construir el espacio adecuado para los detenidos que son inimputables”.

“Se logró consenso entre el Ministerio de Salud Pública y los empleados del sector, que desde un primer momento no estaban de acuerdo, con los vecinos y hasta con el Iprodha. Todo ese esfuerzo derivó en que pronto los internos en esas condiciones van a ser alojados en un centro superador. Es justo, porque son pacientes que necesitan ser atendidos”, ponderó.

Por su parte, la alcaide Correa se refirió a la institución que comanda. “En el mientras tanto vamos a seguir mejorando lo que tenemos, con profesionales comprometidos. Estamos atendiendo cada caso mediante un estricto relevamiento de salud y actualmente cada paciente cuenta con legajo sanitario en el que consta su historial completo, algo que nunca ocurrió en el servicio penitenciario”.

Finalmente, las dos mujeres coincidieron que el traslado de los inimputables será el moño para un trabajo desarrollado “sin egos personales, pero con un objetivo en común”.

“Tenemos que entender que cuando se generan sellos (comisiones) lo importante es ser operativos y esto se logró porque todos renunciamos al protagonismo y trabajamos en un objetivo común”, cerró Picazo, sintiendo la aprobación de Correa.

Sin visitas
La realidad indica que son mínimos los casos de inimputables externados a instancias de algún pariente que decide cuidarlo. Nadie quiere hacerse cargo de ellos, al punto que ni siquiera los visitan. “Generalmente el delito que cometen son en perjuicio del grupo familiar, que lo tiene más a mano, pero más allá de eso son familias de escasos recursos y muchas veces la olla no alcanza ni para los que están bien de salud. Por eso no se involucran”, reflexionó Picazo.

Justamente, en ese contexto, muchos años estuvieron olvidados pero desde hace un tiempo a esta parte, con controles médicos adecuados y atención profesional sobre aspectos específicos, lograron frenar bastante sus impulsos dañinos. Fue el corolario de un trabajo entrelazado de los tres poderes del Estado.

“Fuimos incorporando profesionales en todas las unidades y Loreto, donde están ellos, cuenta con un equipo de psicólogos, psiquiatras y hasta personas con quienes hacen actividades físicas, porque asumimos el compromiso de atenderlos, de ayudarlos a que mejoren. Están aparte por sus condiciones, pero ahora son considerados pacientes con los que se está haciendo un trabajo de recuperación profundo”, ponderó Correa.

La mujer que está al frente del SPP reconoció que todo el trabajo que vienen realizando tiene el objetivo de que “los inimputables estén en el lugar donde tienen que estar, porque son enfermos y mientras se logra ese espacio de cuidado, nosotros venimos haciendo un gran esfuerzo para mejorar sus situaciones, en lo mental con los tratamientos médicos que requieran y en lo estructural en lo que hace al alojamiento y la limpieza”.