Los conflictos derivados de la posesión de la tierra alientan por una parte la ampliación de sentidos e interpelaciones, pero también expresan la reafirmación de un sujeto de tipo político, los pueblos originarios. Esta recreación e invención cargada de tensiones internas se desenvuelve en condiciones de invisibilidad y gravedad. Cada conflicto de tierra, en tanto es a la vez una disputa territorial por los últimos espacios ricos en biodiversidad de los países que confirman América Latina está implicando potencial o directamente a la sociedad en su conjunto, aunque se los presente como cuestiones particulares de esas “poblaciones de los márgenes”. Cada conflicto sobre la  tierra, como parte de una disputa territorial vasta, de escala local y global a la vez, implica contenidos propositivos, desde la matriz civilizatoria de la modernidad, pero también desde una matriz alternativa en construcción y experimentación. La disputa por el territorio devela que el campesinado y los pueblos originarios, a pesar de las dificultades y amenazas que enfrentan, están protagonizando una puja de relevante importancia para mujeres y hombres.
Según las palabras de Diego Domínguez, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires (UBA), “la tierra, la distribución equitativa de la tierra, el acceso y su utilización, ha sido y es aún, uno de los principales problemas del mundo. Estamos frente a una antigua cuestión, que atraviesa la trayectoria de todos los países de Latinoamérica, donde enmarcamos a la Argentina. En la actualidad se observa que gran parte de los movimientos sociales emergentes en las últimas décadas en Argentina y en el continente tienen como objeto de sus demandas la democratización del control de los bienes o recursos naturales, incluida la tierra. Los aborígenes se organizan para enfrentarse con gobiernos locales, provinciales y nacionales, contra terratenientes, empresas nacionales y transnacionales en la disputa por el manejo del espacio. La lucha por la tierra ha sido tradicionalmente el foco más nítido de la disputa que podríamos llamar territorial, o sea, por la definición política de la espacialidad. Lo que pareciera suceder en este momento histórico de Latinoamérica es que, en el contexto de la reconfiguración de los usos del espacio operada por las políticas neoliberales en general y por el agronegocio en particular, la disputa por la tierra se ha resignificado inscribiéndose en luchas más generales y complejas por la apropiación del territorio”. Esas reflexiones están plasmadas en su tesis doctoral titulada:  “La lucha por la tierra en la Argentina en los albores del Siglo XXI. La recreación del campesinado y de los pueblos originarios”. 

Datos alarmantes
Se dan a conocer aquí algunos números emanados de estudios de la ONU que dan un panorama general de la situación general de los pueblos originarios en Latinoamérica y lo referido a la posesión de las tierras en particular.
Los índices de pobreza entre los indígenas son mucho más altos que entre el resto de la población en varios países de América Latina: Paraguay, 7,9 veces; Panamá, 5,9 veces; México, 3,3 veces, Guatemala, 2,8 veces. Además los ingresos de los trabajadores indígenas promedian sólo la mitad de los de trabajadores no indígenas, debido en gran parte a factores como la discriminación y la calidad de la enseñanza. La mayor diferencia en los ingresos por cada año adicional de escolarización entre la población indígena y la no indígena en América Latina se registra en Bolivia.
Persisten también grandes diferencias en la educación: en Guatemala, más del 50 por ciento de los jóvenes indígenas con edades entre 15 y 19 años no ha terminado sus estudios de primaria frente a cerca de una tercera parte de los jóvenes no indígenas. Hay una notable diferencia entre el número de años que estudian los niños no indígenas y los indígenas. Esa disparidad con los niños no indígenas del Perú significa que estos chicos reciben instrucción durante 2,3 años más que los indígenas, cifra que en Bolivia alcanza los cuatro años.
Excluidos de las tierras y los recursos: en Colombia, durante los últimos tres decenios miles de indígenas se han visto desplazados debido a la actividad militar del Estado y a la presencia de grupos armados que participan en el cultivo y el tráfico de drogas en las zonas indígenas. Esto ha incrementado aún más el número de refugiados entre la población de países vecinos, como el Brasil, el Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.
El 90 por ciento de la madera que se extrae en la Amazonia peruana se obtiene por medios ilícitos y procede de zonas protegidas que pertenecen a comunidades indígenas o están reservadas para pueblos indígenas que viven en aislamiento voluntario.
Todos esos datos emanan de la página: www.un.org/indigenous 

Día especial
En mitad de una selva o un bosque se inicia la construcción de una carretera o la explotación de una mina. El Gobierno ha dado su visto bueno, pero nadie ha avisado a los pueblo vecinos, que temen la pérdida de su patrimonio cultural. Son  indígenas.
Esta es la historia repetida de incontables regiones de países de América Latina que todos los 9 de agosto celebran el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Desde 1994, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) lo conmemora, pero ese organismo internacional reconoció que todavía es difícil combatir a los estereotipos, discriminación y abusos sobre los derechos de estas comunidades.
La falta de respeto a la comunidades indígenas y a sus territorios  llevaron a instituciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) a desarrollar normas entre los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para estipular  los derechos de los indígenas sobre sus territorios.
“Los derechos de propiedad indígenas sobre los territorios se extienden en principio sobre todas aquellas tierras y recursos que los pueblos indígenas usan ahora, y sobre aquellas tierras y recursos que poseyeron y de los cuales fueron despojados, con los cuales mantienen su relación especial internacionalmente protegida”, al decir de una declaración de la Cidh sobre el tema publicada en el 2009.
Con estas normas internacionales vigentes, algunos pueblos reclaman a sus gobernantes el respeto a su territorio. Varios han prosperado, mientras otros continúan resistiendo por la supervivencia de sus ancestrales culturas.

Casos a destacar

Wirikuta (México) 
La comunidad indígena de los wixárika inició el pasado año una intensa defensa de su territorio en el estado de San Luis Potosí, después de que el Gobierno central de México de ese país autorizara 22 concesiones a una empresa canadiense para explotar las minas de la región.  
Desde los pueblos indígenas hasta la capital de México se reclamó por el respeto al territorio, después de que los habitantes de la zona jamás fueran consultados sobre la citada intervención. La presión social retrasó hasta el momento el ingreso de las empresas mineras, pero no logró zanjar de forma definitiva el proyecto de explotación de las minas.

Cauca (Colombia)
Hartos de los combates entre la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) y el Ejército colombiano, los indígenas del Departamento de Cauca decidieron hace tres años intentar poner orden en la zona que habitan.
Grupos organizados de aborígenes iniciaron en el 2015 el desalojo tanto de las tropas oficiales como de las guerrillas.
El Gobierno colombiano insistió en ese momento que no retiraría a los uniformados de la región porque en ella se concentraban importantes frentes de los uniformados en contra de las guerrillas. Los indígenas, unos 115.000, mantienen un diálogo con el Gobierno mientras los militares regresaron a sus posiciones en la zona. Aunque después de dos años aceptaron salir de la zona de conflicto. 

Tipnis (Bolivia)
Aunque desde 2003 los habitantes del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) denunciaron la invasión de sus territorios con la construcción de una carretera, en agosto de 2011 se movilizaron para exigir al presidente boliviano, Evo Morales, la suspensión del proyecto. 
La presión que desde entonces ejercieron estas comunidades en el Gobierno central llevaron al Poder Ejecutivo boliviano a suspender la construcción de la autovía. Las 69 comunidades involucradas en este conflicto participaron en una consulta para determinar si el proyecto se construye o no, imponiéndose por casi unanimidad la postura contraria a la iniciativa vial. 

Sarayaku (Ecuador)
Los indígenas sarayaku de Ecuador iniciaron en 2015 una batalla legal contra el Gobierno del país para exigirle la expulsión de una empresa petrolera de sus territorios. Los sarayaku llevaron el caso hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que falló a su favor, por lo que el Gobierno ecuatoriano debió indemnizar a las comunidades indígenas afectadas por los trabajos de la petrolera. La administración del por entonces presidente, Rafael Correa, aceptó el fallo y amplió las medidas administrativas para consultar a los pueblos indígenas sobre las futuras intervenciones en sus territorios. 
Las denuncias de estos y otros pueblos indígenas de América Latina han sido reconocidas por organizaciones como Amnistía Internacional, que además concretó un informe que incluye a comunidades de países como Guatemala, Perú, Argentina, Brasil y Paraguay. “Los Estados tienen la obligación de entablar consultas con los pueblos indígenas desde las primeras fases de los procesos de toma de decisiones que les afecten”, concluye el informe de la ONG sobre la situación.