Hacinamiento y riesgo de fuga en dependencias federales de Misiones

Miércoles 6 de junio de 2018
Las dependencias de las fuerzas federales en Misiones están colapsadas de detenidos procesados a la espera de condenas. En su mayoría son imputados en causas relacionadas con el narcotráfico que esperan por decisiones judiciales en un contexto que hasta el año pasado era preocupante, pero ahora se habría vuelto alarmante.
De acuerdo a un informe oficial judicializado recientemente, la situación se repetiría en las distintas unidades de Gendarmería Nacional Argentina (GNA), de Prefectura Naval Argentina (PNA), de la Policía Federal Argentina (PFA) e incluso, en dependencias de la Policía de Misiones que -en el marco de un convenio- pueden alojar a detenidos de causas federales. 

19

Internos federales. Estarían alojados en el Escuadrón 50 de Posadas cuando la capacidad es de siete, dejando al descubierto la superpoblación.

Superan hasta tres veces la capacidad de alojamiento y esa superpoblación genera hacinamiento, que a su vez agrava las condiciones de habitabilidad de los detenidos -se informó-, pero en paralelo aparecen otras dificultades en lo que respecta a la seguridad, encendiendo una alarma constante motivada por los potenciales intentos de fuga.
Esa preocupación quedó expuesta en un recurso de hábeas corpus colectivo y correctivo presentado hace pocos días por el delegado de la Procuración Penitenciaria de la Nación en Misiones, Raúl Solmoirago, que fue rechazado por la jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata, pero dio lugar a una serie de medidas que buscan mejorar esa problemática.

Disparador
El recurso fue presentado en favor de las personas privadas de su libertad en el Escuadrón 50 de GNA en Posadas. La situación acuciante fue advertida por el propio jefe de la dependencia, que por medio de una nota describió que la infraestructura edilicia no es la adecuada para la contención del elevado número de detenidos.
El Territorio averiguó que poseen capacidad para alojar transitoriamente a siete internos, pero en la actualidad habría 19, entre los que hay condenados. Eso, según el documento oficial, genera dificultades “en lo atinente a las medidas de seguridad teniendo en cuenta potenciales intentos de fuga además del riesgo a la integridad física de los detenidos”.
De acuerdo a las fuentes consultadas, notificaciones del mismo tenor fueron cursadas al Juzgado y a la Fiscalía Federal, además de la Defensoría Oficial, con el objetivo de que con la más absoluta premura se produzca el traslado a la Unidad Penitenciaria Federal 17 de Candelaria u otro establecimiento carcelario que tenga disponibilidad. 

“Sistema saturado”
La intervención de Solmoirago fue similar a la adoptada en ocasiones anteriores, desnudando ya en esas oportunidades el colapso del sistema penitenciario en el ámbito federal. “El sistema está saturado. No se condice con las condiciones sobre cómo deben estar los detenidos en cada lugar de detención y eso quedó de manifiesto en el hábeas corpus presentado en función de lo expuesto por el jefe del escuadrón. Es algo que pasa en todas las dependencias federales de la provincia que contienen a detenidos e incluso en las cárceles provinciales que alojan procesados federales”,  sostuvo el funcionario ayer en diálogo con El Territorio.
“Están colapsadas por distintos factores, pero lo importante es trabajar en función de ello para darle un corte definitivo a esta situación de desamparo en la que están insertos”, agregó.
En enero, igual planteo focalizó al Escuadrón 10 de Eldorado, en relación a los 21 internos que tenían alojados. En consecuencia, el magistrado de esa jurisdicción ordenó al Servicio Penitenciario Federal que habilite plazas en alguna unidad carcelaria, pero igualmente el traslado se habría producido a medias. 

Superpoblación en puerta
Teniendo en cuenta lo expuesto en párrafos anteriores, el traslado a la UP 17 de Candelaria también supone un problema, puesto que si bien supuestamente existe un equilibrio entre infraestructura e internos, alojar a nuevos derivaría indefectiblemente en una superpoblación.
“Hay que adecuar la cárcel federal de Candelaria. Tiene más de 80 años, es obsoleta y si bien no hay hacinamiento hasta ahora, tienen el cupo máximo, por lo que alojar a otros sería trasladar el problema a ese lugar. En todos lados las condiciones son similares”, explicó Solmoirago.
En esa línea, denunció que “la progresividad de muchos detenidos en pos de lograr su reinserción es nula en esta situación. Por eso deben estar en cárceles, para ir cumpliendo con eso que está establecido por medio de leyes actualmente incumplidas”.
En cuanto a lo relacionado con las mujeres, las condiciones se agravan aún más, puesto que no existen cárceles federales para el género, lo que obliga a que permanezcan en el Instituto Correccional de Mujeres (Unidad V), del Servicio Penitenciario Provincial, como en la Alcaidía de Mujeres, que está bajo la órbita de la Unidad Regional Uno de Posadas. 

Pedido de informe y traslados

Como medida inmediata al planteo de hábeas corpus, la jueza Skanata solicitó un informe respecto de la situación procesal de los internos alojados en el Escuadrón 50, como así también requirió al jefe que informe sobre la cantidad de celdas y cantidad de personas que se alojan en cada una. Fue respondido en tiempo y forma, indicaron las fuentes consultadas que, en paralelo, agregaron que esa información sumada a copias certificadas de las solicitudes de cambios de alojamientos libradas en el marco de las distintas causas, fue remitida al delegado de la Procuración Penitenciaria de la Nación en Misiones. Por otra parte, la magistrada requirió que se arbitren los medios necesarios para el cambio de alojamiento de los detenidos a su disposición a la Unidad Penal 17 u otro establecimiento del Servicio Penitenciario Federal del país, lo que sería cumplido de manera progresiva. Mientras tanto, desde la Procuración Penitenciaria de la Nación están elaborando un informe sobre las condiciones de los detenidos.


Por Cristian Valdez
fojacero@elterritorio.com.ar

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