Detectaron informalidad y mucha designación a dedo en Cambiemos

Un informe determina que la administración de Mauricio Macri aumentó el tamaño de la estructura del Poder Ejecutivo y multiplicó los nombramientos discrecionales de funcionarios.
 Se observa un crecimiento de la contratación informal y todo ello suma a que la Argentina tenga uno de los gabinetes más grandes de América Latina.
Así lo refleja un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec).
El trabajo al que tuvo acceso El Territorio plantea, entre otros aspectos, los cambios y continuidades en el aparato estatal en los últimos dos años.
“A principios de 2016 la estructura del sector público a nivel nacional continuaba creciendo de manera significativa, en especial en la órbita de la administración pública centralizada: se crearon cinco nuevos ministerios, elevando la cantidad de ministerios de 18 a 22”.
“Actualmente, con la fusión del Ministerio de Comunicaciones dentro del Ministerio de Modernización, el total asciende a 21”, según el informe conocido ayer. Ese número sólo es superado, entre otros por Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela, según se observa en la infografía adjunta.
El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) indica que este gabinete presidencial de mayor tamaño se tradujo en la creación de un andamiaje organizacional más voluminoso con el establecimiento de nuevas estructuras en los niveles de secretarías y subsecretarías (elevando el número total a 85 y 207 respectivamente), lo que representó un incremento del orden del 25% del universo de cargos políticos (autoridades superiores) entre 2015 y 2017.
El número de organismos bajo la órbita del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) se mantuvo estable, pero el tamaño del gabinete aumentó: en 2015 se ubicó entre los más numerosos de América Latina -cercano a Ecuador y a Brasil, donde hay gabinetes de coalición, y a Chile- y alcanzó un máximo histórico.
En 2016, este crecimiento continuó: se crearon cinco nuevos ministerios, elevando la cantidad de esas dependencias de 18 a 22. En 2017, con la fusión del Ministerio de Comunicaciones dentro del Ministerio de Modernización, el número se redujo a 21.
Sin embargo, por lo planteado en el trabajo, no sólo creció el andamiaje formal dentro de la estructura estatal. Con el cambio de gobierno también proliferaron los cargos extraescalafonarios como instrumentos para designar personal político fuera de la estructura formal.
“Entre 2015 y 2017 se crearon 1.049 cargos extraescalafonarios en toda la Administración Pública Nacional, que representaron un crecimiento porcentual del 50%. Estos cargos se concentraron en las áreas políticas como la Jefatura de Gabinete de Ministros que explicó el 31% del aumento y Presidencia el 22% del total de cargos; pero también en el ministerio de Modernización que explicó el 11% de los 1.049 cargos extraescalafonarios creados”.
En la misma sintonía, se expandió el espacio directivo dentro de la estructura organizacional. Este espacio, conformado por las direcciones nacionales y generales, se denomina Alta Dirección Pública (ADP) cuyas funciones incluyen la gestión estratégica y operativa de la organización estatal. Más aún, la ADP es el cuerpo de agentes públicos que actúa como vaso comunicante entre las autoridades políticas -denominadas autoridades superiores- y la burocracia o personal técnico-operativo.

Con la nueva administración
Con la nueva administración se crearon 121 nuevas direcciones nacionales y 16 direcciones generales, y la ADP pasó de estar compuesta por 432 directivos a  569. En resumen, con el cambio de gobierno, los cargos políticos explicaron el crecimiento en el número de posiciones dentro de la órbita estatal, en particular, a través del fuerte incremento en los cargos fuera de nivel.
Entre 2015 y 2017 se crearon 1.111 cargos políticos, de los cuales 62 fueron en la estructura formal y formal y 1.049 fuera de nivel.
En total, el incremento relativo fue del 45%. Por su parte, la ADP tuvo un crecimiento absoluto de 137 cargos y un incremento relativo del 31%.

Cambios organizacionales
En marzo de 2018 se publicó el decreto Nº 174/2018 con el cual el gobierno buscó racionalizar la estructura estatal.
La norma estipuló una reingeniería organizacional que implicó el recorte del número de cargos políticos y la disminución del peso de la política en las cuentas públicas.
Así, en 2018 se redujo considerablemente el número cargos dentro del PEN respecto a 2017.
Se explica que el mayor recorte se produjo en los ministerios de Producción, Jefatura de Gabinete, Hacienda, Salud y Desarrollo Social, que es, precisamente, donde el andamiaje organizacional era más voluminoso.
Por el contrario, en los ministerios de Ambiente y Espacio Público, Ciencia y Tecnología, Cultura y Turismo donde el número de cargos políticos era considerablemente menor, los recortes resultaron mínimos.

Qué cambió con respecto a 2015
Si bien en 2018 el andamiaje organizacional es más voluminoso y complejo que en 2015, el Cippec hace notarse observan dos cambios sustantivos.
Por un lado, la estructura formal creció con respecto a 2015 y se redujo notablemente el número de cargos fuera de nivel.
Por el otro, el decreto Nº 174/2018 generó mecanismos de compensación que buscaron atenuar los costos asociados al recorte de cargos políticos: aumentó el número de recursos monetarios con los que cuentan los ministros para asignar discrecionalmente al personal del PEN, y se crearon estructuras organizacionales transitorias que absorbieron parte de los cargos fuera de nivel.
De esta manera, el PEN pudo compensar parcialmente la reducción en los cargos políticos dentro de la órbita de la administración pública.
Por el otro, creció la participación de la informalidad en el empleo público, pasando de representar 19% en 2015 al 20% a fines en 2017.
Así, la evolución del empleo público en el PEN va a contramano de la expansión de la estructura organizacional, con un crecimiento de la informalidad y modificaciones en las áreas dónde los trabajadores desempeñan sus actividades.
El amplio estudio añade que  se observan avances en materia de planificación de empleo público y, aún persisten enormes desafíos en materia de organización del empleo y la gestión de su desempeño.
Por ejemplo, según el trabajo, en 2015 el 32% de los directivos públicos cumplía con los requisitos exigidos por la norma para al acceso a estos cargos jerárquicos, mientras que en diciembre de 2017 estos representaron el 18%. Más aún, en 2015 el 72% del total de personas que componían la Administración Pública eran profesionales, en 2017 esta participación cayó al 66%.
Desde Cippec sostienen que lograr un Estado que implemente políticas públicas de calidad exige contar con un sistema de Alta Dirección Pública que contemple el ingreso meritocrático a la administración pública, la formación continua, la gestión del desempeño y las remuneraciones de sus funcionarios. En otras palabras es necesario fortalecer el desarrollo de capital gerencial público profesional e idóneo desde una perspectiva integral, promoviendo un proceso de institucionalización incremental. “De lo contrario, seguiremos alimentando a un Estado anabólico, cuya estructura organizacional continúa creciendo, pero carece de la fuerza y la orientación estratégica necesarias para robustecer y sofisticar el impacto de las políticas públicas”, se observa en el trabajo de investigación.