Crudos testimonios del estigma de la venta de bebés en Oberá

“Con esta plata comprate una moto y dejá de joder, negra”. Las palabras aún retumban en la mente atormentada de S. M. (38), quien reconoció que cambió cuatro hijos por plata, mercadería y hasta marihuana que le proveía la misma intermediaria que hacía de nexo con los interesados en quedarse con sus criaturas.
La última fue una nena y estuvo a punto de compararse la moto que tanto ansiaba, pero “al final gasté casi toda la plata en joda y nunca me compré la moto. En esa época yo estaba muy mal, muy estropeada por la falopa”.
S. es conocida por todos en la zona de Villa Cristen y Villa Ruff, donde reside. Producto de los vicios y la mala junta, tiempo atrás tuvo serios problemas con sus vecinos, pero desde hace un par de años empezó a concurrir a la iglesia y su vida cambió para mejor.
Su historia es una de tantas registradas en los últimos años en Oberá y la zona Centro, donde mujeres vulnerables son presa fácil de las buscapanzas. Estos casos cobran más relevancia esta semana teniendo en cuenta el escándalo desatado en Candelaria donde una empleada municipal quiso comprar el hijo de otra mujer que tendría problemas psiquiátricos.
Más allá del difícil contexto social, falta de instrucción y respaldo familiar, en muchos casos los intermediarios se aprovechan de la discapacidad de las mujeres que dan a luz. 
En ese contexto se inscribe el caso de Soledad L. (23), quien en los últimos años entregó siete hijos, según afirmó su concubino Juan Martín V. (27).
El caso salió a la luz ante la desaparición de la mujer estando embarazada. Soledad se había ausentado de la casa porque quería dar a su bebé y su concubino se oponía. Finalmente fue hallada y regresó a con su pareja a Villa Marttos. 

Abuela coraje
“Yo ya había comprado ropitas y escarpines para mi nietito…”, alcanzó a contar antes de quebrarse Carmen S. (44), la abuela de K. S., quien años atrás evitó que el pequeño sea inscripto a nombre de una pareja de Buenos Aires.
Su denuncia frenó la transacción y derivó en una causa judicial, aunque nadie fue condenado. Además de los padres biológicos y los interesados, también fueron identificados una intermediaria y profesionales de una clínica local.
“Yo no había sospechado nada hasta el día del parto, cuando fui a la clínica y vi a esa gente extraña cuidando a mi nieto en la habitación”, relató la mujer. Esos extraños eran los frustrados padres adoptivos de K. S.
“Golpeé la puerta con respeto, para ver a mi nieto, y el hombre me preguntó si yo era familiar del chico. ‘Sí, soy la abuela’, le dije”, agregó.
Según Carmen, el gesto del hombre pasó de la felicidad al desconcierto y tardó unos segundos en salir de su asombro.
“Me dijo que mi nuera le había dicho que el bebé no tenía padre, que eran ellas solas con la madre viuda y muchos hermanitos chicos, que por eso quería dar a la criatura en adopción. Salí y fui a la Policía, y mi hijo vino atrás mío para hacer la denuncia. En 15 minutos la clínica estaba llena de policías”, recordó. 

Ley y trampa
A partir de las modificaciones en la legislación provincial y en Código Civil, se logró reducir el número de adopciones en Oberá, muchas veces relacionada a la venta de bebés, como se denomina a la intermediación rentada en la que participan buscapanzas, abogadas y médicos, entre otros actores de una nefasta red.
De todas formas, conocedores del entorno afirman que el negocio se readecúa a las circunstancias y persiste. Incluso, trasladan a embarazadas a otras provincias para dar a luz, entre otras estrategias, ya que el rédito es enorme, aseguraron.
En cuanto al proceso legal, el Registro Único de Aspirantes a la Adopción de Misiones (Ruaam) tiene alrededor de 200 inscriptos, de los cuales unos 180 buscan niños de hasta un año, cifra inversa a la edad de los menores en condiciones de adoptabilidad. 

Legislación
“La legislación que adoptó el Estado argentino tiene un solo objetivo: que los niños tengan derecho a una familia, que en principio debería ser la familia de origen; en segundo lugar la familia ampliada y en tercer lugar a los que se inscriben en las listas de adoptantes, pero no a elección de los padres, lo que da lugar a cuestiones raras”, remarcó José Moreira, juez de Familia de Oberá, en una entrevista publicada el año pasado por El Territorio.
Además, hizo hincapié en diferenciar el interés del adulto de la necesidad del menor. “El niño necesita una familia; y el adulto, muchas veces, busca encajar con un rol social impuesto. Pero no existe el derecho a ser padres y el Estado no es proveedor de hijos”, remarcó.
Por ello, subrayó la premisa que los niños se mantengan con su familia de origen o ampliada, lo que busca preservar sus derechos e identidad y pone límites a negocios de inescrupulosos.
“Pero si no están dadas las condiciones, por ejemplo si el chico fue producto de una violación y la familia no lo quiere, ese niño igual tiene derecho a una familia. Ahí se elegirá una familia que esté inscripta en el registro y no la familia que elija el padre, porque si no lo quiere, ¿por qué elige a quien entregarlo? El derecho del niño no pasa por el derecho del padre a quién entregarlo”, subrayó.