Concejales pidieron la destitución de la directora jurídica municipal

El Concejo Deliberante de Candelaria aprobó el último sábado -en sesión especial- el pedido de destitución de la directora de Asuntos Jurídicos de la Municipalidad, Laura Rosana Riquelme.
El motivo radica en que la letrada se encuentra “suspendida en la matrícula por el Colegio de Abogados, y por lo tanto no se encuentra habilitada para ejercer la profesión de abogada, ni de procuradora, por lo cual tampoco puede ejercer el cargo en el que hoy se encuentra”, según detalló a El Territorio el presidente del Concejo Deliberante, Raúl Gularte.
“La resolución que fue aprobada por mayoría del Concejo pide al Ejecutivo municipal la destitución de la directora y se avala en un informe remitido por el Colegio de Abogados”, expresó.
Asimismo, de acuerdo a lo explicado por el secretario administrativo del recinto, Nelson Gularte, “la abogada no paga la matrícula desde diciembre del año pasado, por lo que está inhabilitada para ejercer, y de esa manera, todos los papeles que haya firmado, como vetos o despidos carecen de validez”.
La resolución, aprobada por cuatro de los siete ediles, requiere al intendente Daniel Luna la destitución de la letrada, al resultar “pertinente por toda vez que se encuentre en inhabilidad para ejercer el cargo”.
Indica que “el informe emitido por el Colegio de Abogados de la Provincia, respecto de la situación de la abogada Riquelme, será puesto en conocimiento del Tribunal de Cuentas de la Provincia”.
Y finalmente aclara que “los actos jurídicos, como dictámenes emitidos y documentación suscripta, inherente al cargo, realizado por la directora a partir del 20 de diciembre de 2017 (fecha en que se inhabilita la matrícula), serán considerados nulos o anulables de nulidad absoluta”. 

El informe
“El problema es delicado, y por eso creemos urgente que sea analizado por el Ejecutivo, porque todo lo que hizo como directora carece de validez”, exclamó el secretario.
Por su parte, el presidente del Concejo sostuvo que el informe del Colegio es contundente y afirmó que seguramente “ellos también van a actuar sobre el tema con alguna sanción más dura”.
El informe en cuestión -que había sido requerido por el Concejo- determina que “la causante se encuentra matriculada desde el 18 de diciembre de 2014”, y desde “el 20 de diciembre de 2017, suspendida en la matrícula, por imperio de los artículos 16 inciso c Y 28 inciso a de la Ley I-N°5”.
Dichos artículos afirman que “el incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley, los estatutos,  reglamentos, resoluciones que dicten los órganos del Colegio traerá aparejada la aplicación  de las siguientes sanciones:(c) suspensión que no podrá exceder de seis meses, no pudiendo ejercer la profesión por  el término de la sanción”.
Y especifica que “el Colegio tendrá un patrimonio que se destinará al cumplimiento de sus fines y objetivos que será administrado por la Comisión Directiva de acuerdo a las disposiciones legales estatutarias y ajustado a la técnica contable en vigencia.  Estará constituido por (a) las cuotas sociales que abonará cada uno de los colegiados, cuyo monto y forma de pago  establecerá la Asamblea. La falta de pago de las cuotas correspondientes traerá aparejada la  aplicación de la sanción prevista”.
Al tiempo que remarca que “sólo será levantada la medida mediante la  regulación de las cuotas adeudadas”.
En ese sentido, el informe concluye en que por la inhabilitación, no puede ejercer el cargo de directora jurídica del municipio”.