Casi 15 años sin condena vinculado a dos encomiendas con 13 kilos de droga
El hombre es oriundo de la localidad de Montecarlo y el delito que lo sujetó al proceso durante todo ese tiempo había sido descubierto a mediados de agosto de 2003, de acuerdo a lo que se desprende del expediente principal de la causa, radicada en el Juzgado Federal de Eldorado, puesto que la investigación fue realizada por el Escuadrón 10 de Gendarmería Nacional.
El desarrollo del proceso se extendió tanto que el primer llamado a indagatoria en la que el acusado debía explicar su versión de los hechos o defenderse de la acusación, insólitamente ocurrió recién el 19 de abril del año pasado, lo que habría puesto en alerta no solamente al defensor del imputado sino también al titular del Ministerio Público.
La inexplicable demora -que podría derivar en sanciones administrativas y hasta en demandas del tipo civil- derivó en un reciente pedido de sobreseimiento basado, principalmente, en el vencimiento de los plazos procesales.
Fue elevado el 13 de julio al Tribunal Federal de Posadas y recientemente resuelto a favor del acusado por el magistrado posadeño Manuel Alberto Jesús Moreira.
El dictamen, publicado incluso en la página oficial del Poder Judicial de la Nación, ordena “sobreseer total y definitivamente por prescripción de la acción penal a Wilfrido Ocampo del delito de transporte de estupefacientes”, y, en paralelo, decreta “la inmediata libertad de la Unidad Penal donde se encuentra detenido”.
Tres puntos
En el planteo elevado, las partes coincidieron que se debe concluir la causa penal en contra de Ocampo mediante el dictado del sobreseimiento total y definitivo por haber transcurrido el tiempo útil para que pueda efectuársele el reproche por la presunta participación en el delito que se le enrostra, que era el despacho de una encomienda con varios ladrillos de marihuana.
Se basaron en tres puntos, considerados clave para que el dictamen sea favorable: que el delito por el cual fue detenido ocurrió el 22 de agosto de 2003; que el primer llamado a indagatoria fue recién el 19 de abril de 2017 y, por último, que no cometió otros delitos de acuerdo a lo que fue consignado por el Registro Nacional de Reincidencia.
En su opinión, previa a la decisión final del Tribunal, el propio fiscal del caso marcó que “debe aplicarse el principio procesal de benignidad penal por cuanto el hecho ocurrió el 22 de agosto de 2003 y la Magistratura a cargo de la investigación dispuso su citación a declaración indagatoria el año pasado, por lo que han transcurrido largamente los 12 años que, como tiempo máximo, dispone la Ley para su persecución penal”.
En ese contexto, continuó el fiscal diciendo que “el delito que se le imputa a Ocampo, esto es, transporte de estupefacientes, es de aquellos denominados delitos instantáneos, por lo que el cómputo del curso de la prescripción se inicia en la medianoche del día en que se cometió y, por otra parte, no habiéndose establecido causales de suspensión ni de interrupción del curso de la prescripción de la acción penal, se debe disponer la libertad inmediata del encartado”.
Ocampo fue procesado con prisión preventiva por el delito de transporte de estupefacientes en calidad de autos y la Justicia trabó embargo sobre sus bienes, por un valor de 20 mil pesos. Su periplo judicial se inició el 22 de agosto de 2003, cuando una patrulla de Gendarmería se presentó en la boletería de una empresa de transporte de encomiendas situada en Montecarlo para hacer un control de los paquetes que estaban listos para ser despachados hacia Buenos Aires. El can detector de narcóticos reaccionó ante dos cajas de cartón que fueron identificadas, figurando el misionero como remitente y una mujer como destinataria, que la retiraría en la terminal de Retiro (Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Una de las cajas contenía adentro otra, confeccionada en chapa metálica y sellada con cinta de embalaje transparente que ocultaba cinco paquetes de marihuana, en tanto que en la segunda se detectó un balde de plástico con una tapa de papel cubriendo a su vez una de metal sujetada con cinta transparente con cuatro paquetes de la misma sustancia, que en conjunto pesaron 13,700 kilogramos. De acuerdo a la investigación, el acusado tramitó el envío de los paquetes utilizando su documento de identidad y el de la destinataria, lo que habría sido corroborado por un testigo, aunque Ocampo aseguró que había perdido su DNI en ese año o un año anterior, dejando abierta la posibilidad de que dicha maniobra ilegal haya sido realizada por un tercero a quien tal vez ni siquiera conocía. Un comisionista en la venta de pasajes declaró que “llegó un hombre con un taxi, me consultó qué tenía que traer para despachar una encomienda, yo le dije que una fotocopia del DNI o cédula de identidad, él trató de enviarla sin presentar la fotocopia y no le permití, por lo que se fue, trajo la fotocopia, despachó las dos cajas, me pagó y se retiró. Ese mismo día, antes de que salga el colectivo, se presentaron los efectivos de Gendarmería y me consultaron si tenía paquetes para enviar ese día, al decirles que sí me preguntaron si podían revisar sin abrirlos. Hicieron pasar al can por los paquetes y en uno de ellos el perro cambió de actitud”.
