Brasil intenta retornar a la normalidad en medio de la huelga que por séptimo día consecutivo mantiene el 40 por ciento de los camioneros. Tras la medida del Gobierno de activar a las fuerzas de seguridad, son ya 132 los puntos desalojados por el Ejército y la Policía.
Luego de que el presidente Michel Temer decretara el uso de las Fuerzas Armadas para liberar las carreteras del país, cientos de camiones se encontraban todavía en las vías y según datos oficiales faltan por lo menos 387 puntos por desbloquear de un total de 938.
El decreto, firmado el viernes por Temer, autoriza al Ejército y a la Policía de carreteras a usar la fuerza, en caso de ser necesario, para liberar las vías y reabastecer al país con los productos retenidos por los camioneros.
Esto significa que las Fuerzas Armadas, además de apoyar a la Policía de carreteras en los desbloqueos, pueden requerir los vehículos y conducirlos, medida que solo se ejecutará si el dueño del camión, o su conductor, se negara a continuar el viaje.
Tras conocer el anuncio, una de las principales asociaciones de camioneros detrás de la huelga calificó de “lamentable” la decisión del despliegue de militares y pidió a los transportistas despejar las carreteras al temer por su seguridad.
El presidente Temer y varios de sus ministros del gabinete de crisis permanecían ayer por la noche reunidos para evaluar la efectividad de las acciones gubernamentales.
 La situación del país se agravó ya que a pesar de que los camioneros firmaron un acuerdo con el Gobierno el jueves para levantar el paro, cerca de un 40 por ciento de los integrantes del  referido gremio se negó a aceptar las propuestas del Poder Ejecutivo.
En el acuerdo arribado entre el Gobierno y los representantes de los camioneros, Petrobras amplió la reducción del 10 por ciento en el valor del diésel en las refinerías a 30 días y las autoridades se comprometieron a eliminar por lo que resta de 2018 los impuestos a ese combustible, que suponen casi el 50 por ciento de lo que pagan los consumidores.     

Secuelas
La huelga de los camioneros implicó una paralización del transporte público y particular, y con ello, el desabastecimiento de alimentos e insumos para hospitales y el freno de las actividades de producción industrial.                                                                     
Las consecuencias del paro afectan a todos los sectores. El viernes los aeropuertos del país cancelaron 112 vuelos y ayer la terminal aérea de Brasilia anuló  otros 40.
En total, doce aeropuertos de Brasil declararon que están sin combustibles.
Una minoría de conductores impedía que “muchos camioneros cumplieran sus deseos de servir a la gente y hacer su trabajo”, según las palabras del propio presidente. Agregó que “unos pocos no tienen derecho alguno a paralizar a toda una Nación”.
Durante la mañana de ayer había reinado la confusión, ya que el gobierno y representantes de los camioneros habían anunciado una tregua por quince días, junto a medidas para reducir el precio del diésel.
Pero algunos sectores determinaron seguir en las rutas. Participaron de las conversaciones la Confederación Nacional de Transportistas Autónomos (CNTA), con un millón de miembros, y la Asociación Brasileña de Camioneros (Abcam), con unos 700.000 asociados, además de grupos menores.
Abcam dijo que seguía defendiendo que los camioneros protestaran, pero que esto debería hacerse pacíficamente y  ya sin el bloqueo de carreteras.
Persisten las filas en las estaciones de servicio, los estantes de muchos supermercados permanecen vacíos. Además, la recolección de basura y los servicios de transporte público se  redujeron de manera drástica.
Los temores de que la protesta continúe durante días han llevado a los consumidores a intentar abastecerse de alimentos básicos como pan, arroz y agua mineral.
Las exportaciones también se vieron afectadas, ya que las carreteras principales permanecen bloqueadas.
Las reservas de azúcar se han reducido a “casi cero” en los puertos principales del país (máximo productor del mundo), según el grupo de caña de azúcar Única. Algunas empresas les dijeron a sus empleados que no fueran a trabajar el viernes.
Ciertas rutas entre ciudades como San Pablo, Río de Janeiro y Belo Horizonte también seguían bloqueadas y había escasa actividad en Santos, el puerto más grande de América Latina, según el operador portuario Codesp.
Por su parte, según la asociación de fabricantes de autos Anfavea, la producción de automóviles se detuvo.
Cuando Temer asumió el cargo, luego del impeachment a Dilma Rousseff, la petrolera estatal Petrobras adoptó una política promercado de seguir los precios internacionales del petróleo, lo que implicó el resultado de la duplicación de los precios de los combustibles. 

De protesta aislada a una crisis de ribetes nacionales

Lo que el pasado lunes era una serie de manifestaciones aisladas en ciertas autopistas brasileñas, la protesta de algunos camioneros del país por el precio del combustible, se convirtió en los últimos días en una crisis nacional.   
Casi la mitad del millón de conductores que conforman el gremio más convocante llevaban siete días sin trabajar, lo que ha acabado dejando a Brasil, el país quinto más grande en extensión geográfica del planeta y el más dependiente en sus carreteras, reducido al papel de prácticamente un rehén.
De norte a sur se veían escenas dignas de un país en guerra. Se formaron colas en casi todo el país alrededor de las gasolineras que vendían sus últimas gotas de combustible. Hospitales de varios Estados alertaron que se les estaban acabando las medicinas; los supermercados se iban quedando vacíos según pasan las horas, incluso en grandes ciudades como Río de Janeiro. Una asociación de exportadores de carne calculó que están a punto de morir de inanición 1.000 millones de pollos y 20 millones de cerdos. 

Parálisis
La ciudad de San Pablo, la más rica del país, en la que viven doce millones de personas, decretó que esa jurisdicción está en estado de emergencia, lo que la capacita para requisar bienes privados, como por ejemplo, el preciado combustible.
Si la población se siente atrapada en este pulso entre camioneros y la petrolera estatal, Petrobras, responsable del precio del combustible, más lo ha demostrado estar el Gobierno de Michel Temer.
El miércoles por la noche, el Gobierno presumió de haber convencido a Petrobras de que bajase el precio del combustible al menos un 20 por ciento los próximos días.
No obstante, a los camioneros del pareció insuficiente y las acciones de la empresa estatal se desplomaron. 
En total, la Bolsa brasileña bajó un 4,3 por ciento como consecuencia de esa decisión, en el que ya era un mes negativo para la economía. 

Cambio artificial
El jueves probaron otra propuesta: disminuir el diésel un 10 por ciento con relación a los precios globales y congelarlo así hasta diciembre.
Las propias arcas del Estado asumirían la diferencia de precio. Pero tampoco sirvió, ya que los sindicatos no lo aceptaron.
Incluso, antes, el ministro de Economía, Eduardo Guardia, había dicho “nosotros no podemos permitirnos reducir la recaudación fiscal en estos momentos de crisis económica”.   
En otras épocas, el Gobierno federal podría haber modificado de manera artificial el precio del combustible. Pero hace ya casi dos años que Temer dio a Petrobras capacidad para tasar la gasolina como quisiera.
La junta directiva de la empresa decidió guiarse por las oscilaciones internacionales, que últimamente subieron a 80 dólares el barril de Brent, el mayor precio desde el 2014. 
Todo ello se sumó a un momento difícil en general para las economías emergentes y peor aún para el real, la moneda brasileña, que en los últimos meses se ha venido depreciando como reacción de los mercados precisamente a la inestabilidad política en el país.