Alrededor de 13.000 familias viven en villas en la capital provincial
miércoles 04 de julio de 2018 | 6:30hs.
Alrededor de 13.000 familias viven en villas en la capital provincial
Por Marina Barreyro interior@elterritorio.com.ar
El gobierno nacional realizó un Relevamiento Nacional de Barrios Populares para identificar villas y asentamientos informales de todo el país. El estudio incluye un informe poblacional detallado con el que se pretende conocer la realidad de las comunidades que allí habitan.
En ese marco, entre las cifras preliminares que se difundieron, se consignó que alrededor de 3,5 millones de argentinos viven distribuidos en 4.228 asentamientos informales en todo el país.
Un barrio popular -de acuerdo a los parámetros del estudio- es aquel donde viven al menos ocho familias agrupadas o contiguas, en el que más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo ni acceso regular a dos o más servicios básicos como agua corriente, energía eléctrica con medidor domiciliario y/o red cloacal.
A la hora de detallar la distribución etaria, la encuesta reveló que los niños y jóvenes (entre 0 y 24 años), que en Argentina representan el 41% de la población total, conforman el 56% de la población de villas y asentamientos. En ese marco, la falta de acceso a los servicios básicos, así como la dificultad para contar con escuelas u hospitales en cercanías de su hogar, impacta en el desarrollo de los menores.
El relevamiento también reflejó los altos niveles de desempleo y empleo informal entre quienes residen en las villas argentinas. Tal es el caso que, de 1.763.248 personas encuestadas, un 24% no trabaja y un 21% tiene un empleo en negro, al tiempo que un 34% declaró que busca trabajo. Además, el 59% de las personas que participaron del sondeo recibe la Asignación Universal por Hijo (AUH), en detrimento de un 42% que no accede al beneficio. Finalmente, sólo un 4% de los encuestados paga alquiler, mientras que un 91% declaró como propia la casilla que habita.
Tierra en rojo
En el caso de Misiones, la provincia congrega 246 barrios populares, lo que la coloca en el segundo puesto de los estados del NEA con mayor número de asentamientos, detrás de Chaco, que detenta 264 villas en su territorio. Por su parte, Corrientes tiene 119 villas y Formosa 82.
Según Jorge Atencio, coordinador de Tierras y Agua de la Municipalidad de Posadas, actualmente la capital misionera registra más de 13.000 familias que viven en 60 asentamientos, y la mayoría se ubican en las zonas de Villa Cabello, Miguel Lanús y Santa Rita.
“En este momento estamos trabajando con Nación para ver si podemos regularizar cinco asentamientos que están emplazados sobre terrenos nacionales y provinciales. Se trata de la chacra 101, la chacra 141 en Villa Cabello, Vecinos Unidos en Miguel Lanús y dos que están en Santa Cecilia, Miguel Lanús; y en un mes desde la comuna vamos a regularizar la situación de 50 familias que residen en tierras municipales en el barrio Prosol”, indicó el funcionario.
En Posadas, los también llamados barrios populares tienen la particularidad que se dividen en tres categorías. Mientras algunos se ubican sobre terrenos privados, otros ocupan espacios verdes y muchos emplazan sus viviendas sobre la vía pública.
Tal es el caso que varias avenidas y arterias se ven interrumpidas al tránsito por estar intrusadas. Al respecto, Atencio precisó: “Son asentamientos bastante antiguos. Algunos tienen más de 25 años. En el caso de Villa Cabello hay muchísimas avenidas intrusadas como Almirante Brown, Andresito, Bustamante e Ituzaingó. Tenemos que ir liberando las avenidas para darle más conectividad a esos barrios. Pasa que hace 20, 30 años atrás eso era apenas un trillo y la gente lo fue ocupando”.
Montecarlo es otra de las localidades que registra un gran número de asentamientos, la mayoría cercanos al casco urbano, en los que habitan hasta 400 familias. Según datos de distintos relevamientos, el 80 por ciento de las familias es de Paraguay, con documentos en trámites o radicación transitoria y el 20 por ciento restante son oriundos de Montecarlo y colonias aledañas.
Asimismo, se supo que la mayoría de sus habitantes tiene entre 25 y 40 años, con trabajos temporarios o están desocupados y viven gracias a asignaciones universales o pensiones.
Los estudios demográficos también revelaron que el mayor número de villas se ubican en los barrios Malvinas y Palomar, o terrenos cercanos a los arroyos en barrios como el Palmar (que es un bañado), Vista Alegre, Martín Fierro, Sarmiento, Las Flores, Facundo Quiroga, San Lorenzo, y la ex Fábrica de Té.
Dueños de la tierra
Hoy, la Cámara de Diputados de la Nación debatirá en el recinto el proyecto de ley de expropiación de tierras y urbanización de barrios populares. La iniciativa busca expropiar las tierras privadas en las que actualmente se emplazan 4.228 asentamientos en todo el país para darles el título de propiedad a los actuales ocupantes de esos inmuebles.
La norma específica que el financiamiento para la compra de los terrenos será compartido entre la Nación, las provincias y los municipios, e incluso, los beneficiarios tendrán que pagar en parte y de forma financiada los terrenos que recibirán.
En ese marco, Soledad Balán, representante de la ONG Techo, en diálogo con El Territorio, destacó: “Nos parece trascendental que se apruebe esta ley. Sabemos que no es la salvación, pero es un paso más. La norma no va a mejorar la calidad de vida en los asentamientos en un corto plazo, pero va a permitir la titularización y la planificación de obras de infraestructura”.
Por su parte, el coordinador de Tierras y Agua de la comuna posadeña celebró el proyecto y agregó: “Va a ser una solución importante para la gente que tiene sus terrenos intrusados y también para los poseedores. Unos obtendrán una retribución económica y otros el título de las tierras que ocupan. En Posadas hay casos donde son asentamientos chicos de trece familias, por ejemplo, pero hay otros como Vecinos Unidos que tienen 200 familias”.
Registro y certificación
En mayo de 2017, el Ejecutivo nacional creó el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap) con el objetivo de avanzar hacia la integración urbana de las villas, entendiéndola como la condición necesaria para superar la segregación de las personas, y garantizar sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En ese contexto, una de las primeras medidas implementadas permite que los habitantes de villas y asentamientos puedan solicitar un certificado de Vivienda Familiar en Anses. A través de este documento, las personas pueden acreditar la existencia y veracidad del domicilio y así solicitar la conexión de servicios básicos como agua corriente, energía eléctrica y cloacas. Además les sirve para solicitar la Clave Única de Identificación Tributaria (Cuit) y/o Laboral (Cuil); realizar peticiones ante los organismos públicos y solicitar prestaciones de salud, previsionales y educativas.
Más de 500 familias residen en estado de marginalidad
En San Pedro los primeros asentamientos aparecieron en 2011 y actualmente son tres los barrios populares que continúan incrementando su población. Ellos son: San Miguel, La Tosquera, Ex Cancha de Aviación y ex Predio de los Malvinenses. Asimismo, las colonias con zona urbana no quedan exentas a esta problemática. Tal es el caso de Paraíso, que cuenta con varios asentamientos y solo en la zona urbana suman más de 500 familias.En la mayoría de los casos se construyeron luego de intrusiones abruptas en espacios verdes y privados, incluso sobre terrenos inundados, bañados o en cercanías a los cauces de los arroyos San Pedro y Mbiguá.
Una vez en el lugar, los vecinos edifican casas muy precarias y deben afrontar la falta de servicios básicos como luz, agua y caminos. Al respecto, Juan Carlos Ferreyra, secretario de Acción Social de la Capital de la Araucaria, resaltó: “Lo que percibimos es que son familias jóvenes, con algún miembro de la pareja menor de edad. Se nota como esos barrios son muy humildes y crecen asientos marginales, todos por debajo de la línea de pobreza. Mediante los trabajos realizados desde el municipio y mediante la conformación de comisiones vecinales parte de esta realidad se fue modificando”.
Asimismo trascendió que una de las principales razones por las que migran se basa en la constitución de una nueva familia, o la caída del poder adquisitivo que no le spermite continuar alquilando una vivienda. La situación es peor en la zona de San Miguel donde el asiento continua en crecimiento y causa serios problemas, principalmente relacionados a la contaminación del arroyo Mbiguá, ya que las viviendas se instalan a no más de 50 metros del cauce, desde donde se extrae el agua para la zona urbana de San Pedro.
La problemática se agudiza por la falta de un programa habitacional a nivel nacional o provincial que obligue al municipio a invertir para mejorar la calidad de vida de los moradores. Esto trae consigo múltiples problemáticas sociales como hacinamiento y violencia familiar.
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