La media sanción por parte de la Cámara de Diputados al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo instala un sin número de interrogantes en la sociedad. Sobre todo en lo que respecta a la futura reglamentación y la reorganización del recurso humano que esté dispuesto a practicar un aborto.

El espíritu de la ley contempla la objeción de conciencia del médico. Es decir, quien no esté de acuerdo con realizar la práctica debe ser respetado en su posición. No obstante, las instituciones, indistintamente de la decisión del recurso humano, deben dar garantías. “La objeción de conciencia se respeta a rajatabla”, señaló en diálogo con El Territorio Rodolfo Fernández Sosa, subsecretario de Recursos Humanos del Ministerio de Salud Pública de Misiones.

El problema aparecería cuando la mayor parte de los profesionales de un hospital son objetores y las interrupciones de los embarazos se dificultan, demoran o bien no se concretan. “Hay miles de profesionales que están a favor de la ley y eso quedó manifestado en el debate del Congreso”, aseguró el funcionario, al tiempo que deslizó la posibilidad de contar con profesionales de otras instituciones en caso de que en algún centro asistencial cuente con el 100 por ciento de sus médicos como objetores de conciencia.

“Los 40 hospitales de la provincia están preparados para realizar esta práctica, que es considerada de baja complejidad. De hecho, hay abortos espontáneos a los que debe realizarse el legrado. Y, en el caso de situación de violación, la interrupción del embarazo ya se realizan en el hospital de Fátima”, argumentó.

Fernández Sosa pidió prudencia al tratamiento del tema y rechazó la idea de confeccionar a priori una lista de profesionales de la salud. “Primero vamos a esperar que salga la ley y después la reglamentación pero tenemos muy presente que se deben dar respuestas”, aseveró, e insistió en que “es una cuestión de Salud Pública y se deberá dar respuesta porque las instituciones deben garantizar esta práctica, tal como se está haciendo hoy con la ley del aborto no punible”.

Consultado sobre la viabilidad de que el especialista cobre un plus por esta práctica, afirmó: “Todo depende de la reglamentación de la ley. Yo no estoy de acuerdo que en el ámbito de Salud Pública se pague un adicional”.

Por su parte, David Halac, director del hospital materno neonatal recordó la experiencia de cuando se sancionó la ley del aborto no punible (año 2012); el 100 por ciento expresó objeción de conciencia, a lo cual manifestó desconocer qué decisión podrían tomar ahora los especialistas.

“Hay preocupaión por los alcances de la ley, pero como todavía no salió ni fue reglamentada existe desconocimiento, lo que no significa que haya una negativa generalizada de parte de los médicos”, sostuvo Halac a este medio.

El Senado definirá mañana a qué comisión será girado el proyecto

Las autoridades de Cambiemos y del PJ en el Senado comenzaron a acercar posiciones de cara a la organización del debate sobre la legalización del aborto y estiman que el proyecto tardará entre tres y cuatro semanas en llegar al recinto para la votación decisiva.
El viernes último hubo una breve reunión entre el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, referente del oficialismo y el jefe del Bloque Justicialista, Miguel Pichetto, para hacer un cronograma tentativo.

Fuentes del justicialismo indicaron ue, en principio, hablaron sobre la posibilidad de someter a votación el proyecto en un plazo de entre tres y cuatro semanas desde el inicio del debate en comisiones.

Sin embargo, se prevé que mañana Pinedo y Pichetto se reúnan con todos los jefes de bloques para definir allí a qué comisiones será girado el proyecto (punto en el que hay diferencias) y cuánto deberá durar el debate.

La posibilidad de que el Senado se tome cuatro semanas para llevar el proyecto al recinto choca con las pretensiones de la tucumana Silvia Elías de Pérez, quien ya asoma como una de las abanderadas de Cambiemos en contra de la despenalización del aborto y quiere llevar el debate al interior del país.

Tras ratificar su oposición al proyecto, Elías de Pérez sostuvo que la iniciativa debe ser tratada en el Senado “con los tiempos que un tema de tanta trascendencia se merece” y que “es muy importante escuchar la opinión de todas las provincias, llevar el debate al interior del país como se ha hecho en debates de similares características”.

Esto haría que la votación del proyecto se demore mucho más que cuatro semanas y por esa razón Pichetto -quien ya se expresó en favor de un “avance rápido” en el Senado- se opondrá a la propuesta de la senadora radical, adelantaron en su entorno. “Si insisto en reclamar un debate profundo, en lugar de un trámite exprés, es porque es un tema de vida o muerte”, remarcó Elías de Pérez al manifestar su posición sobre el tratamiento del Senado.

La legisladora señaló que “el Estado debe hacer todos los esfuerzos para prevenir los embarazos no deseados, la educación sexual tiene un rol clave en esta política. La legalización del aborto es el fracaso del Estado como garante de la vida”.

La posición que fijó el misionero Maurice Closs también conspira en contra de un avance rápido hacia la sanción de la ley, porque consideró que “hay que corregir” el proyecto que llegó de la Cámara de Diputados y eso obligaría a devolverlo.   En declaraciones a C6Digital, el ex gobernador de Misiones dijo estar “a favor de despenalizar pero con algunas objeciones respecto a recursos que demandará a las provincias en un contexto que Nación no manda recursos para salud mental, lucha contra dengue y otras áreas más de la salud”.

También criticó el artículo del proyecto que establece la opción de la objeción de conciencia para los médicos, al señalar que no está de acuerdo con que tengan que registrarse a partir de esa posición. 


Por Griselda Acuña
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